Por primera vez, ciertos tipos de delitos que se cometen en las precampañas se castigarán penalmente con de tres a cinco años de cárcel. Ya se han recibido algunas denuncias al respecto, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, quien adelantó la puesta en marcha de un programa nacional de blindaje electoral.

Se trata, dijo, que los recursos públicos no se desvíen para tema políticos-electorales y el primer paso se dará a escala federal, mediante un programa de prevención del delito asociado a la violación de los derechos político electorales de grupos vulnerables, como son adultos mayores o indígenas.

Así como la población en situación de marginación o personas con alguna discapacidad, para lo cual se buscará la colaboración de gobiernos locales y estatales, presidentes municipales y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues el proceso electoral es responsabilidad de todos.

En la firma de un convenio marco tripartita de apoyo y colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México señaló que se cuenta con un atlas de riesgo, en el que se considera el tema de marginalidad social.

Comentó que se trabaja de manera previa en las zonas donde se concentran los programas sociales para decirle a la gente que se trata de un derecho adquirido y no es un bono que les da un partido o cierto tipo de gobierno, y ya cercana la campaña electoral vamos a tener un despliegue ministerial.