Acapulco, Gro.

En los juzgados del penal de Las Cruces rindieron ayer declaración preparatoria por lo menos seis de los 38 detenidos durante el desarme de policías comunitarios llevado a cabo por agentes estatales y ministeriales en La Concepción, en la zona rural de Acapulco, luego de un enfrentamiento ocurrido la madrugada del domingo.

Entre los detenidos están Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), y su hermano Vicente.

Por la tarde fueron liberados cuatro menores de edad y un adulto que participaban en programas de reducación comunitaria con autorización de sus familiares.

Los restantes 32 detenidos continuaban al cierre de esta edición en los separos de la Fiscalía General del Estado en Acapulco.

La diligencia contra Marco Antonio Suástegui comenzó después de las 14 horas. Rogelio Téliz García, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló que el juzgado cuarto penal –también con sede en Las Cruces– le notificó a Marco Antonio Suástegui tres órdenes de reaprehensión, para lo cual ya solicitó una fianza, pues no son delitos graves y se esperaba que fuera liberado.

Téliz García añadió que Suástegui enfrenta otra orden de aprehensión por daños y despojo, pero interpuso un amparo, por lo cual le fue notificada su libertad.

Sin embargo, el defensor advirtió que por las declaraciones del gobernador, vemos que quieren fabricarle otro expediente por posesión de armas y otros objetos, pero él no pertenece a la policía comunitaria, es vocero del Cecop.

Los otros cinco también saldrían libres bajo fianza, aunque podrían enfrentar otra orden de aprehensión. Suástegui Muñoz y los otros cinco enfrentan acusaciones de 2014, 2015 y 2016, pero alcanzan caución. De los seis, solamente dos son policías comunitarios y los demás miembros del Cecop que se encontraban en la casa de justicia de La Concepción

Por la mañana arribó al penal personal de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer una revisión médica a los seis recluidos.