Acapulco, Gro.

La operación efectuada el domingo pasado en el poblado La Concepción por policías estatales y ministeriales, además del Ejército Mexicano, tuvo la finalidad de liberar a un agente infiltrado del gobierno que busca fracturar el sistema comunitario, denunció ayer la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. El gobierno estatal, acusó, intenta justificar lo ocurrido con señalamientos falsos contra la organización.

Ese día, luego de una balacera ocurrida alrededor de las tres de la madrugada, en la que murieron seis civiles y dos policías comunitarios, las fuerzas estatales y federales incursionaron en La Concepción y detuvieron a 38 personas. Esta intervención provocó otro enfrentamiento alrededor de las 11:30 horas, en la que fueron abatidos tres comunitarios.

En un comunicado fechado en San Luis Acatlán, donde se encuentra la matriz del sistema comunitario, la CRAC-PC cuestiona al gobierno estatal, que acusa a policías comunitarios de poseer armamento de uso restringido a las fuerzas armadas: ¿Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? ¿Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga a los detenidos?

El Estado, protector y parte de la delincuencia

Los coordinadores, consejeros y comandantes regionales del sistema comunitario de la CRAC-PC también preguntan: “¿Por qué el gobierno no actúo con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de qué se dejó libres a esos asesinos?

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia, como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora protector y parte de la misma delincuencia, refiere el escrito.

Señaló que la incursión violenta de las policías estatal y ministerial, así como del Ejército y la Marina en la comunidad de La Concepción, asesinando a cinco (en los dos enfrenamientos) y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y ha sido agente del gobierno para provocar represión contra nuestro sistema comunitario.

Soriano Leal, quien también usa otros seudónimos, según la CRAC-PC, fue detenido en días recientes por policías comunitarios en La Concepción y acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), y a algunos compañeros de la policía comunitaria, señala la coordinadora en su comunicado y explica que el domingo fueron citados los medios de comunicación a las 12 horas en La Concepción para presentar al detenido. Ese día estaba previsto trasladarlo a la casa de justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno logró liberarlo.

El comunicado refiere que las declaraciones del vocero de seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, y las del gobernador priísta Héctor Astudillo Flores, quienes “pretenden justificar este acto de barbarie, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente.

Esto confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policiacas y militares, con la anuencia de los poderes públicos que han aprobado la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Añade que, lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro e intenciones asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Acusó de la agresión a Pedro Almazán Cervantes, secretario de Seguridad Pública; a Xavier Olea Peláez, fiscal general del estado, y al gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los coordinadores comunitarios pidieron la intervención de organismos oficiales y no gubernamentales de derechos humanos para investigar lo ocurrido el domingo pasado, una violación flagrante a la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.