La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal, para definir en el tipo delictivo de cobranza extrajudicial que ésta se ejercerá cuando los despachos o instituciones bancarias ejerzan violencia física o moral contra los deudores y sus familiares.

Para esta iniciativa la cámara tomó en cuenta información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que recibió 13 mil 459 quejas por amenazas, de las cuales 64 por ciento fueron contra quienes no son deudores de alguna institución.

También resaltó que persisten las constantes llamadas o cartas de despachos, en las que solicitan el pago de una deuda usando amenazas, palabras altisonantes y llamadas a deshoras, entre otras prácticas negativas.

Señaló que una práctica común son las llamadas telefónicas, con las que se amaga al deudor con el argumento de que al no pagar supuestamente se comete un delito que podría privarlo de la libertad, pero se trata de prohibir las amenazas o intimidaciones.

La modificación no busca, aclaró la cámara, limitar los posibles acuerdos entre las partes, sino sancionar las conductas que se erigen como abuso del legítimo derecho de cobro y terminan por alterar la paz y la tranquilidad de las personas, al exigir cobros de manera violenta o inadecuada, con amenazas, intimidaciones y hostigamientos, violentando los derechos fundamentales.

La cámara recordó que en la reforma fiscal de 2014 ya se determinó que las instituciones financieras deberán entregar a sus clientes información detallada de los despachos de cobranzas y que el Código Penal Federal incluye sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa de entre 50 mil a 300 mil pesos a quien realice cobranzas extrajudiciales e ilegales.

Con la modificación aprobada, indicó, se especifica ahora que la violencia para exigir y lograr un cobro podrá ser física o moral. Los cambios se enviaron como minuta al Senado, para que los revise y eventualmente avale.