San Pablo Chalchihuitán, Chis.

Han pasado 10 semanas desde que se inició la violencia armada contra comunidades pacíficas del municipio tzotzil de Chalchihuitán. Siguen fuera de sus parcelas y hogares 983 familias, unas 3 mil 953 personas, según estimaciones oficiales. Alrededor de un millar más han retornado a sus lugares, sobre todo en aquellos que no fueron saqueados y destruidos. Las centenares de personas que se apiñan en distintos puntos de la cabecera municipal, procedentes de Tulantik, Bejeltón, Bolonchojón, no cuentan con regresar pronto. Lo mismo las familias refugiadas en Kanamultik y Pom. Comparten la convicción de que los volverían a atacar.

Desde 2014 nos disparan, a todas horas. Es el tiempo que llevamos de estar intranquilos, asegura Juana Pérez en el campamento instalado en Kanamultik para las familias desplazadas de la misma comunidad. No van a poder quitarles las armas. No vemos que los militares los van a desarmar. Añade: Hace un tiempo, mi suegro dejó de comer de la preocupación por los disparos y murió de colitis.

Después de la negociación prenavideña entre los dos municipios tzotziles enfrentados por una añeja disputa territorial, imbricada en la franja entre ambos, aquí se abrió el tránsito y ahora se van instalando puestos militares en las afueras de los caseríos. Después de dos meses de encierro y abandono, los desplazados de Chalchihuitán ahora ven pasar a la Cruz Roja Mexicana, trabajadores de Protección Civil, policías estatales, llevándoles alimentos y otras ayudas.

Quieren otro Acteal

Juana se muestra escéptica: Los de Chenalhó quieren que se repita Acteal, que ellos mismos hicieron. Ahora tienen más armas, y más poderosas, lo oigo pues. Y mi mejor arma es la oración de Dios. Nosotros no queremos venganza, queremos paz, entrar en nuestra casa, trabajar.

De las nueve comunidades pableras con desplazados, la secretaría de Protección Civil de Chiapas contabiliza lo siguiente: Pom, 394 familias y mil 691 personas; Kanamultik, 154 y 598, respectivamente; Tzololtón, 74 y 310; Cruztón, 116 y 439; Chen Mut, 87 y 410; Tulantic, 58 y 184; Bejeltón, 39 y 159; Cruz Kakanam, 34 y 67, y Bolonchojón, 27 familias y 95 personas.

No son los únicos desplazados por este conflicto. Al menos mil personas de San Pedro Chenalhó también salieron huyendo, la mayoría a San Cristóbal de Las Casas, donde ya hay un campamento de desplazados pedranos procedentes del ejido Puebla, víctimas de una disputa poselectoral entre grupos opuestos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los senderos se juntan: las familias agredidas de Chalchihuitán y las del ejido Puebla son víctimas de los mismos civiles armados que operan en Chenalhó, al servicio de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, según numerosas versiones.

Ahora se militariza el área sin perseguir a nadie, las agresiones y delitos permanecerán impunes por lo visto. El desplazamiento es un barril sin fondo. Sólo Chenalhó ya ha sido indemnizado en dos ocasiones, y ahora el Tribunal Unitario Agrario falla en su favor. Por lo demás, no se ven acciones oficiales que busquen resolver el conflicto, sólo ganar tiempo e irlo capoteando.

En los Altos de Chiapas tradicionalmente las comunidades no son poblados propiamente, las familias residen en sus respectivas parcelas, extendidas en el territorio de cada comunidad indígena. Así, los que perdieron casas, cultivos y pertenencias se refugian en su propia comunidad, como en Kanamultik o Pom. Dentro de su evidente carencia reciben asilo en casas y espacios de su propia gente; el exilio de hace 20 años en Chenalhó era más dramático, en desposesión total, y las familias eran cazadas, no tenían lugar seguro.

El predominio coyuntural de uno u otro partido político en los municipios indígenas de Chiapas poco tiene que ver con una verdadera militancia. Habiendo sido por décadas el granero de votos del PRI, ahora están casi todos gobernados por el PVEM, enfrentado a priístas y a miembros de su propio partido. Los conflictos en Chenalhó demuestran que el partido da lo mismo; los grupos de poder local adaptan sus militancias ante el poder estatal institucional en una relación clientelar, dependiente de ayudas y programas.

Estos desplazados (de los dos bandos) no son la excepción, pero el principal peso como víctimas lo llevan las familias de Chalchihuitán. Estuvieron literalmente sitiadas dos meses contra la escapada serranía que los separa de Simojovel, Huitiupán y El Bosque. Cuando los paramilitares cerraron el paso en Las Limas, el municipio El Bosque ardía literalmente (su presidencia fue quemada) y cerró el camino a Chalchihuitán. En tanto, los civiles armados rodearon los límites en disputa y allí siguen, ¿quién los va a quitar o desarmar?