Colima, Col.

La minería legal y la que realizan grupos del crimen organizado representan un riesgo para el suministro de agua potable en la entidad, debido a la contaminación con arsénico, de acuerdo con estudios de las universidades de Colima y de Harvard.

De acuerdo con el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, las actividades de la minera Peña Colorada, del Grupo Ternium (que forma parte del grupo italo-argentino Techint) y de las siderúrgicas Hylsa y Grupo Imsa ha causado severos daños al entorno y a los acuíferos, al talar alrededor de 62 mil árboles, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en perjuicio de más de 300 mil habitantes de ambos municipios.

Valencia Montes indicó que la extracción de hierro a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes del aire y el agua, y se intensificará porque Peña Colorada descubrió recientemente un yacimiento valuado en 20 mil millones de dólares.

El ex funcionario llamó a tener cautela y a no poner en peligro el abasto de agua para Colima y Villa de Álvarez.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en la entidad hay 964 concesiones mineras, de las cuales 359 están vigentes y abarcan 356 mil hectáreas, es decir, más de 60 por ciento del territorio estatal. Treinta y un concesiones son para explotación de sal y el resto para materiales pétreos: en Colima hay 43; en Manzanillo, 115; en Villa de Álvarez, 12; en Tecomán 35; en Coquimatlán, 32; en Ixtlahuacán, 34; en Minatitlán, 44; en Armería, 15, y en Comala, seis.

Algunos yacimientos de hierro no registrados son explotados por la delincuencia organizada en Chanquehahuil, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Según Jesús Michel Prudencia, habitante de esa región, los criminales arrasan con caminos, mantos freáticos y ríos, así como especies protegidas de flora y fauna.

Michel Prudencia aseveró que día y noche decenas de camiones bajan hasta con 40 toneladas del mineral por caminos sinuosos hacia Manzanillo, donde les pagan 40 dólares por tonelada.

Nadie sabe exactamente quiénes son los propietarios, pero no tienen permisos ni estudios de impacto ambiental, indicó.

Adalberto Torres, vocero de la minera Peña Colorada, aseguró que ninguno de esos camiones es propiedad de la empresa, ya que el material que ésta extrae se baja por gravedad en ferroducto hasta Manzanillo. Las concesiones de esos terrenos son nuestras, pero ahí no hay trabajos de nosotros. Ni siquiera hemos hecho exploraciones, sostuvo.

En 2013 la minera Peña Colorada interpuso una denuncia por robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y aunque agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han clausurado en dos ocasiones dos minas, la actividad continúa debido a la falta de supervisión y a la lejanía de los yacimientos.

Como las actividades mineras de Peña Colorada y las ilegales se realizan cerca de Cerro Grande, una reserva natural protegida donde nacen los manantiales de Zacualpan y principal zona de abastecimiento de agua para consumo humano, podrían contaminarse los pozos profundos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

Riesgos para la salud

De acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Colima y de Harvard, dado a conocer en marzo pasado, las aguas de la entidad contienen altas concentraciones de arsénico, lo que aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer.

La investigación, realizada en 2016, se concentró en identificar riesgos para la salud en caso de ingestión crónica de arsénico en el agua potable, para lo cual se tomaron muestras de 36 pozos en 10 acuíferos de la entidad, principalmente de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En el estudio se indica que las altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas podría ocasionar 446 casos de cáncer y otras enfermedades.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio contra la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que descalificó los estudios académicos con el argumento de que las muestras no se analizaron en laboratorios certificados.

El Congreso del estado exhortó en marzo pasado al gobernador priísta José Ignacio Peralta Sánchez y al gobierno federal a que instruyan a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua a realizar a la brevedad posible un estudio sobre las concentraciones de arsénico en el agua de Colima.