Aunque el trabajo de las parteras tradicionales es reconocido legalmente en México, en la práctica dicha labor es despreciada y criminalizada, debido a la política del gobierno que busca que todos los nacimientos ocurran en hospitales y sean atendidos por personal capacitado, lo cual es imposible debido a la falta de médicos e infraestructura en algunos estados.

Así lo advirtió Hilda Argüello Avendaño, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, quien señaló que la partería tradicional o empírica es vista por miles de personas como única alternativa en diversas entidades, ya sea por falta de doctores o por desconfianza en el sistema hospitalario.

En entrevista con La Jornada, la especialista señaló que la partería tradicional siempre ha tenido una relación tensa con la medicina alópata occidental, lo que ha generado un discurso ambiguo y poco claro de las autoridades sobre su validez, a pesar de que en países como Suiza fue incorporada a su sistema de salud y ayudó a disminuir la mortalidad materna.

Las diferencias entre ambos métodos de atención se ahondaron cuando en 2000 se dieron a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio –una serie de metas fijadas por más de 190 países para terminar con la pobreza extrema–, entre los cuales figura erradicar la mortalidad materna mediante la atención de personal calificado en todos los alumbramientos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas incluyó a las parteras como personal calificado, junto con los médicos y enfermeras, pero excluyó de su definición a quienes realizan esta labor de forma tradicional o empírica, indicó Argüello.

“Con esto, lo que sucedió en México es que se impulsa la partería ‘profesional’, pero la tradicional queda al margen de todo, perseguida y anulada en las políticas públicas”, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 007, publicada en 2016, la considera formalmente para la atención de partos no complicados.

Aunque ha habido algunos intentos de incorporar y reconocer el trabajo de las comadronas empíricas –que son alrededor de 14 mil en todo el país, según cálculos de la Secretaría de Salud–, la mayoría de ellas sigue trabajando en una suerte de clandestinidad, incluso en los estados donde tienen mayor presencia como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En las unidades médicas de la zona norte de Chiapas a las mujeres embarazadas les revisan las rodillas para ver si no han sido atendidas por parteras tradicionales, porque la forma empírica es parir hincada, y si es así, ya no las atienden. A algunas no les permiten entrar porque van sucias o no hablan español, denunció la especialista.

Estas manifestaciones de discriminación y racismo desalientan a muchas mujeres indígenas y pobres, quienes de por sí ven a los hospitales como lugares de muerte donde son sometidas a prácticas que les son ajenas, como entrar solas a consulta, ser desnudadas o recibir tactos vaginales de médicos, todo ello sin poder explicar lo que les pasa, porque deben expresarse en un idioma que no conocen.

Las parteras tradicionales atienden a muchas mujeres en regiones donde no hay médicos ni infraestructura suficiente para que todos los partos sean en hospitales. En su contexto son la única opción que tienen, pero en vez de que el sistema se los agradezca, criminalizan la práctica y las culpan de las posibles complicaciones en un parto. No hay un ejercicio de entendimiento y eso aumenta la relación tortuosa que hay entre indígenas y no indígenas, lamentó Argüello.