Tras haber permanecido más de cuatro años injustamente encarcelado, Arturo Campos Herrera, uno de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), salió de prisión con la cara en alto, con la conciencia de no haber cometido delito alguno y la claridad de que el descontento ante las políticas del gobierno es la razón de que existan presos políticos.

En entrevista con La Jornada, luego de haber recuperado la libertad el pasado 14 de diciembre, el luchador social subrayó que los cargos de secuestro que le imputaron al ser aprehendido en 2013 no tuvieron sustento legal, y por tanto nunca fueron probados. Campos no duda que su encarcelamiento fue una represalia por organizarse para defender a su comunidad de la delincuencia.

–¿Qué reflexión hace luego de haber vivido esta experiencia?, ¿cómo se siente?

–Ahorita estoy con mi familia, descansando un poco, pero con el compromiso de seguir luchando por mis compañeros que aún siguen presos, como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y otros. Mucha gente estuvo pendiente de mí, exigiendo mi libertad y tengo una gran deuda con ellos; no puedo quedarme sentado ahora que logré mi libertad.

“El Estado nunca comprobó los delitos por los que me acusaron porque todo fue un invento en contra mía y de mis compañeros. Nosotros siempre dijimos que éramos inocentes y que nos respaldaba la Ley 701 (que reconoce las formas de impartición de justicia de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero), como autoridades comunitarias.

Actuamos dentro de la ley. Tenemos la cara en alto porque nunca cometimos ningún delito; no nos da pena ante la sociedad, porque el gobierno trató de manchar nuestros nombres.

–¿Que opinión le merece la Ley de Seguridad Interior?

–Como indígena me preocupa esta situación, porque en mi estado y en mi municipio han habido muchas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina, y es grave que ahora las vayan a legalizar. Vamos a estar pendientes y a organizarnos, porque esto se puede poner peor.

–¿Cuál diría que es la situación actual de los presos políticos en México?

–Al gobierno le preocupan las organizaciones sociales que exigen sus derechos, los estudiantes y maestros que exigen mejor educación. Los que reclamamos nuestros derechos somos los más castigados, por eso nos atacan con toda la fuerza del Estado, lo que no pasa contra los delincuentes.

El gobierno sabe perfectamente que su sistema está mal, que no brinda seguridad ni reparte equitativamente la riqueza, por eso nos trata de callar con las fuerzas armadas.

–¿Qué sigue ahora?, ¿va a pedir la reparación del daño?, ¿se va a reincorporar a la CRAC-PC?

–Vamos a valorar la situación con los abogados, porque estuve encarcelado sin cometer ningún delito y hay responsables de eso. Ya después veremos si contrademandamos al Estado. Al salir yo siento que hay una puerta por donde mis compañeros pueden obtener su libertad. Esta lucha no termina mientras siga habiendo presos políticos.