En un contexto de casi medio millón de denuncias por violencia familiar, interpuestas de enero de 2015 a noviembre de 2017, hay un registro preliminar en el país de mil 525 feminicidios, según cifras oficiales compiladas con base en una nueva metodología disponible desde ayer.

El dato anterior es inicial y aproximado, porque apenas el jueves pasado se dio la indicación a los estados para que a partir de ahora todos los homicidios dolosos violentos contra mujeres sean clasificados como feminicidios.

Lo anterior se desprende del corte informativo emitido ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, con base en los datos que le hacen llegar las procuradurías y fiscalías estatales, cuyos especialistas y personal de los Ministerios Públicos deben ampliar y detallar la clasificación de 31 delitos y ofrecer detalles del lugar y modo en que fueron cometidos, así como el sexo y edad de las víctimas de homicidio doloso, por ejemplo. Este sistema fue construido en tres años de trabajo de instancias federales y locales; se dio capacitación a más de 9 mil agentes del Ministerio Público.

En el bienio en referencia fueron reportados un millón 24 mil 602 delitos que antes estaban clasificados sólo en el rubro de otros. De estos, como se indicó, cerca de la mitad (435 mil 145) se refieren a carpetas de investigación clasificadas como violencia familiar.

Y, aunque seis delitos más de alto impacto social aparecen al final de la tabla, funcionarios del sector reconocieron que ello puede obedecer a la novedad del sistema de clasificación, así como a la falta de criterios y leyes homogéneas en el país.

Una de las novedades es la incidencia delictiva de aborto; en este caso fueron denunciados mil 524 episodios; de trata de personas, mil 34, y de rapto (cuando se roban a una joven con fines matrimoniales), 712. Igualmente hay ya 467 carpetas de tráfico de menores, 360 por evasión de presos y 76 casos denunciados de incesto (relación sexual entre familiares muy cercanos).

Por el número de expedientes acumulados en el periodo 2015-2017 sigue el narcomenudeo (113 mil 629 carpetas) y luego viene el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar con 71 mil 335 (padres a quienes se acusa de no cumplir con la pensión alimentaria y otras exigencias).

En cuarto sitio aparece falsificación (43 mil 561), abuso sexual (41 mil 590), y delitos cometidos por servidores públicos (38 mil 478) y robo en transporte público colectivo (37 mil 135).

En cuanto a delitos contra la libertad personal, se registraron en ese bienio 37 mil 472, y allanamiento de morada, 36 mil 546. Con menor número de denuncias aparecen otros delitos contra el patrimonio y la integridad física, así como delitos contra el medio ambiente, acoso sexual (3 mil 891), hostigamiento sexual (2 mil 670) y electorales, con mil 840 casos en el periodo referido.

Respecto de la nueva metodología, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dijo que si bien muestra un trabajo serio y profundo, sin rasgos de manipulación de la autoridad federal, también advirtió la necesidad de ser precavidos en el manejo y análisis de la información.

Doria Vélez, directora de investigación de este grupo civil, hizo referencia a la capacidad limitada de las instituciones estatales y a la persistencia de opacidad o reserva por motivos de seguridad nacional. Por ejemplo, en octubre sólo se reportaron a escala nacional 13 secuestros exprés y Nayarit no informó de ningún caso, lo cual no refleja una incidencia creíble.

En cuanto al feminicidio, ese mes ocho entidades no reportaron carpetas de investigación de ese delito: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.

El SNSP dijo al respecto que ya en los reportes para noviembre, Chihuahua informó de ocho casos y otras entidades indicaron que están en revisión del particular.