yer se cumplieron 20 años de la masacre perpetrada contra indígenas tzotziles en Acteal, paraje del municipio chiapaneco de Chenalhó. La mañana del 22 de diciembre de 1997, alrededor de 80 paramilitares atacaron con armas largas a unos 350 integrantes del grupo civil pacifista Las Abejas que se encontraban rezando en la explanada junto a la iglesia. La embestida dejó 45 muertos, entre quienes se encontraban niños y mujeres embarazadas, todo ante la mirada de elementos policíacos que permanecieron impasibles.
Pese a que las autoridades han manejado desde entonces la versión oficial de que la matanza fue un episodio de los conflictos intercomunitarios entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se encuentra plenamente demostrado que los atacantes fueron reclutados, entrenados y transportados al sitio de la agresión por cuerpos de seguridad y autoridades priístas locales. Más aún, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos sostienen que el Ejército mexicano llevó a cabo el adiestramiento de grupos paramilitares por orden presidencial como parte de la estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo.
Diez años después de los hechos, la herida de Acteal se reabrió en enero de 2007, cuando un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, junto con varios intelectuales, inició una batalla legal y mediática para liberar a los responsables materiales de la masacre. Como resultado de esta iniciativa, el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia que supuso la liberación, entre esa fecha y abril de 2013, de todos los procesados. Además de la indignación entre los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, la decisión de la máxima instancia de administración de justicia –sustentada en fallas al debido proceso– motivó la advertencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados acerca de un posible rebrote de violencia tras la excarcelación de los responsables, entre quienes había un asesino confeso.
El desarrollo del conflicto territorial en curso entre habitantes del mismo municipio de Chenalhó y su vecino Chalchihuitlán constituye, a su vez, una prueba de que la decisión de la SCJN constituyó un mensaje nefasto en cuanto a la proclividad de las instancias judiciales para tolerar episodios tan graves como el ocurrido hace dos décadas. En efecto, los siete muertos y la situación de emergencia humanitaria en que se encuentran los seis mil desplazados por esta disputa es un recordatorio de que la inacción de las instancias oficiales o, en ocasiones, su probada complicidad, son caldo de cultivo para formas de violencia que pueden cobrar tintes trágicos.
En suma, la impunidad total de los autores intelectuales, y la liberación de una parte de los responsables materiales en este caso paradigmático de violación a los derechos humanos, no sólo representan una afrenta para las víctimas y una permanente amenaza contra la vida de los supervivientes, sino que constituyen una negación del Estado de derecho, así como una siniestra invitación a que se repita la tragedia.
