Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, dijo que su ex colaborador Alejandro Gutiérrez fue detenido a partir de pruebas carentes de validez judicial y en abierta violación a sus derechos fundamentales. Aseveró que el presidente de un partido políticono puede y no firmó convenio alguno con los gobernadores para acordar la transferencia de recursos federales.

Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, fue vinculado el jueves a proceso por peculado agravado. El Ministerio Público de Chihuahua le imputa triangulación de recursos –con base en las declaraciones de un ex funcionario de esa entidad– supuestamente para financiar campañas electorales del tricolor en 2016, cuando Beltrones presidía este partido.

Es inverosímil que el presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio Ejecutivo estatal en el marco de sus atribuciones, dijo ayer en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Beltrones, quien por primera vez se pronunció sobre el tema, dijo que la información publicada por un diario de circulación nacional –por la cual se conoció del caso– está basada en filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria de la fiscalía de Chihuahua, sustentada, a su vez, en declaraciones de un testigo protegido o beneficiado, figura de oprobio judicial que creímos erradicada con el nuevo sistema penal acusatorio. Se imputan nexos que no existen ni existieron entre funcionarios de Chihuahua e integrantes del CEN del PRI cuando estuvo a mi cargo en agosto de 2015 a julio de 2016.

En la carta de casi tres cuartillas, el también ex gobernador de Sonora señala que Gutiérrez fue detenido sin citatorio previo ni medios de defensa para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela, pero no tiene bases en la realidad.

Lo que es verdaderamente grave, añade, es que se está cometiendo daño moral deliberado por las autoridades de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico.

El Ministerio Público estatal dijo que Gutiérrez poseía una empresa de prestación de servicios falsos para aeronaves propiedad del gobierno chihuahuense. El también ex senador aseveró que el imputado se confabuló para saquear los recursos en supuesta complicidad con el entonces mandatario estatal César Duarte, así como otros ex funcionarios locales implicados en los mismos hechos.

El inculpado seguirá en prisión

Según esta versión, con base en la cual se acusa a Gutiérrez, los ilícitos se cometieron entre diciembre de 2015 y octubre de 2016. Por lo pronto, el juez del caso fijó un periodo de cuatro meses para concluir la investigación, pero el inculpado permanecerá en prisión.

El fiscal de esa entidad, dijo Beltrones, ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación.

“Lamentablemente el gobernador Javier Corral y el fiscal de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con ‘testigos protegidos’ que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral”, subrayó.

El comunicado fue emitido, señala Beltrones, ante la abierta, evidente y flagrante violación al debido proceso. Por ello quiero dejar en claro, apunta, que el presidente de un partido político carece de facultades para disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Precisa que Gutiérrez no era secretario de Finanzas del PRI, sino secretario adjunto, con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido.

Al final del texto plantea: En el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua, eso es materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la presidencia del PRI en esa época.