stimada profesora Grissel Gómez: su carta al Correo Ilustrado tiene sustento ( La Jornada, 18/12/2017), el tema de la violencia de género es grave y afecta a las universitarias uacemitas, trabajadoras y estudiantes. Recordará que hace años, Karina, estudiante nuestra, fue asesinada por su pareja, también estudiante (que ahora cumple una larga condena), y hace un año otra compañera fue asesinada y su presunto victimario y novio ahora está en proceso. Luego, una violación en los jardines de la institución y otra más en el transporte público de regreso a casa después de clases. Y, finalmente, muchos otros incidentes menos visibles, pero igualmente amenazadores. Detrás de todo esto hay una cultura de violencia de género de la que participamos todos, producto de años y años de nuestro aprendizaje de lo que es ser masculino, en las familias, con los amigos, en los medios y también en las escuelas. En la universidad invade todos los ámbitos y todos los niveles. Se da entre estudiantes, en la relación profesor-estudiante y hasta llega a quienes tienen el encargo de defender y apoyar a las víctimas. No hace mucho, en una importante universidad pública el defensor de derechos universitarios tuvo que renunciar por encubrir el trato que su segundo de abordo daba a su novia estudiante. En la UACM, un integrante de un área especializada en el apoyo y asesoría a estudiantes golpeó brutalmente y casi le arranca una oreja a su compañera, también estudiante, cuando ésta se negó a continuar la relación. Pudo ser inmediatamente despedido (y el área drásticamente reorganizada), pero eso no resuelve la violencia contra la mujer, constante y difusa pero no menos real. Por eso crece la indignación de las universitarias (y de no pocos varones solidarios) y también las exigencias repetidas desde hace tiempo, de que se den pasos a la creación de espacios libres de amenaza y de peligro. En un contexto como este sus peticiones evidentemente son razonables, y son un punto de partida para ir más lejos.

1) Para eso, lo primero y más importante es definir juntos, ustedes y nosotros, cuál exactamente sería la política institucional de equidad de género que acompañe el procedimiento de atención a la violencia de género que necesitamos en la UACM. Y no esperar a que la defina unilateralmente la autoridad. Debe ser amplia y detallada porque hasta ahora se ha enfatizado más la parte persecutoria, no la raíz cultural. A las compañeras ya les hemos propuesto, por ejemplo, contratar un núcleo de especialistas que junto con los colectivos de mujeres lleven a cabo una campaña de información y gestión para una transformación de la cultura en la relación hombre-mujer en esta Universidad. Con iniciativas como, por ejemplo, campañas de difusión y discusión, una cláusula ética (declaración de no tener antecedentes de agresión) como condición para contratar trabajadores académicos y administrativos, para nombrar autoridades y consejeros. Cambios hacia adentro, pero también ligados, proyectándose hacia la ciudad. Cuando ocurrió la desaparición de Belem, por ejemplo, nos pronunciamos junto con otras instituciones de educación superior, salimos a la calle como comunidad y exigimos y logramos respuestas del gobierno. Se logró poner el tema a debate y se atrajo a muchos dentro y fuera de la UACM. Permitió, además, que el IPN y la UACM pudiéramos incluir por primera vez la temática de género en la formación obligatoria que proporcionamos cada año a miles de operadores de taxis de la ciudad. Y, hemos propuesto que hagamos algo semejante con todos nuestros estudiantes, también cada año.

2) Pero también, como parte de la transformación cultural que buscamos, las quejas deben ser atendidas. Sobre todo, para proteger a las víctimas, hacerlas sentir seguras, y aprender de las patologías de los que acosan: saber cuáles son y cómo se dan, dónde y cómo ocurren para planear respuestas institucionales de tratamiento, y, también, finalmente, para sancionar: una manera de declarar públicamente a todos que el acoso no es tolerable. Y sí, pensar, ustedes y una comisión legislativa en la inclusión de normas de convivencia que dibujen la política de equidad y contra la violencia que necesitamos.

3) Finalmente, discutir los obstáculos. No tenemos a escala nacional –y sí para lo laboral– un marco legal que ofrezca lineamientos e incluso sanciones que respondan a la naturaleza específica de la violencia de género. Las juntas aclaratorias, por ejemplo, son laborales y por ley no pueden aplicarse después de 30 días y son un ejemplo de cómo la violencia contra la mujer no tiene todavía un marco legal propio y de cuáles son los problemas de pedir prestado uno ajeno. Pero, como también ya se los he ofrecido, en los casos no resueltos podemos buscar otros caminos que no sean la sanción o despido, pero que pueden ser igualmente eficaces para los objetivos de transformación personal y cultural. Lo que es desaconsejable es, por la prisa en castigar, cometer errores que deslegitiman la lucha contra la violencia y que luego pagan caro la universidad y las mujeres. La reivindicación legal del violador sólo desalienta y añade injuria a la injusticia.

*Rector de la UACM