Como parte de las acciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) relacionadas con el uso de armas de fuego, en lo que va del año se han abierto 520 carpetas de investigación; sin embargo, sólo fueron enviados a prisión preventiva 22 sospechosos, informó el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Desglosó que del total de carpetas sólo se judicializaron 303 y de éstas sólo en 128 hubo detenidos, de los cuales se envió a la cárcel a 22 y al resto se le impusieron medidas cautelares como la presentación periódica, garantía económica o la prohibición de salir del país, creo que esta última es una de las amenazas más fuertes para alguien que porta un arma.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México señaló que durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se logró enviar un exhorto a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la minuta de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionada con el endurecimiento de las penas, que fue aprobada en marzo por el Senado.

Se aclara caso del Metro

Interrogado sobre la persona que resultó herida en la cabeza por arma de fuego en el interior de un vagón del Metro en la estación Romero Rubio de la línea B, Mancera Espinosa afirmó que esto no quedará impune.

Por la tarde, el procurador capitalino Edmundo Garrido informó que tras la elaboración del retrato hablado, que se hizo con los datos que proporcionó un testigo, así como por el apodo, policías de investigación detuvieron en la delegación Gustavo A. Madero al sujeto que presuntamente disparó contra la persona en la estación Romero Rubio.

El presunto agresor, de 28 años de acuerdo con los registros, tiene antecedentes penales por robo calificado y en el momento de su aprehensión fue hallado con droga.

Detalló que la víctima y el agresor entraron juntos con otras dos personas a la estación y luego de una diferencia el detenido le disparó.

El procurador indicó que será presentado ante el juez de control por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo cual podría alcanzar 33 años de prisión.