Los abusos en las casas hogar y hospitales siquiátricos para personas con discapacidad mental son constantes en México. Personal de esas instancias y algunos cómplices incurren en desde negligencias y esterilizaciones forzadas a mujeres hasta golpes, maltrato, abusos sexuales y trata, aseguró Eric Rosenthal, director ejecutivo de la organización Disability Rights International (DRI), la cual lleva más de dos décadas trabajando en favor de este sector de la población.

La agrupación ha documentado las condiciones de estos espacios en más de 30 países y –lamentó Rosenthal– halló que México es una de las naciones de la región donde se presentan los peores abusos, sin que hasta ahora el Estado mexicano cumpla sus obligaciones internacionales para detener y corregir esa circunstancia. Generalmente, cuando se expone una situación de riesgo en otras naciones, hay resultados. Pero en México no vemos mejora.

Hace un par de años, la DRI denunció las condiciones en que se encontraban los internos de la Casa Esperanza, en la Ciudad de México, por lo que ese espacio tuvo que clausurar y las personas que ahí se encontraban fueron trasladadas a otras instituciones, pese a que la organización recomendó otras medidas, pues muchos de ellos siguen corriendo riesgos. Estos lugares no son del todo seguros. Para el activista, este caso –que su organización ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– es sólo una pequeña muestra de la realidad del país.

En entrevista con este diario durante una visita de labores que realizó a nuestro país, la cual incluyó un trabajo cercano con la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Rosenthal refirió que su experiencia en territorio mexicano lo ha llevado a identificar dos cosas buenas y muchas muy malas.

Las dos positivas son que existen muchos activistas comprometidos con los derechos de este sector poblacional y que México fue uno de los estados que promovieron en la ONU la resolución respecto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que le dio un importante impacto internacional.

Sin embargo, lamentó, los abusos contra estos pacientes, en particular contra quienes se encuentran en orfanatos u hospitales siquiátricos, son una constante. Hemos visto algunos cambios positivos, como la Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, gracias a la cual se está haciendo un esfuerzo por contabilizar a los menores que viven en estas instituciones. Pero sobre todo escuchamos muchas promesas que no se han cumplido. Un ejemplo es que la ley designa al procurador de protección a los menores, pero esta figura no es independiente, sino que tiene que reportar(se) al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; entonces no tiene libertad para hablar de casos de corrupción.

El director de DRI destacó que el comité de la ONU para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que México ha fallado en la creación de servicios en la comunidad, lo que propicia que en lugar de que las personas con esta condición puedan vivir junto a sus familias, se les tenga que internar en orfanatos u hospitales, con los riesgos que ello implica.

Remarcó que según estudios internacionales las instituciones de internamiento son inherentemente peligrosas, por lo que en lugar de abrir estas instancias, el Estado debe generar las condiciones para apoyar a todas estas personas dentro de la comunidad y en sus familias, como marcan los tratados internacionales. Por ello exhortó a las autoridades a cumplir dicha obligación.