ve de tempestades, Elba Esther Gordillo ha causado revuelo político en cuanto se ha sabido que la administración peñista, a través de la muy controlada Procuraduría General de la República (PGR), se abstuvo de impugnar la orden judicial de que la profesora curse en su domicilio particular el resto del proceso instaurado en su contra (es importante precisar: no es cierto que triunfó el estado de derecho y que la ida de la profesora a casa se debe a la habilidad de su abogado; la PGR se desistió de seguir haciendo lo que había hecho durante dos años, impedir con tretas legaloides el otorgamiento del beneficio de la estancia domiciliaria: fue por una decisión política de la PGR, es decir, de Enrique Peña Nieto).

Dos hechos han alentado la insistente versión de que se está en presencia de un arreglo político entre el PRI-Los Pinos y la ex dirigente sindical que, a pesar de los años de prisión, mantiene una fuerza política latente: el primer dato fue la firma de una coalición electoral del Partido Nueva Alianza (Panal) con el Revolucionario Institucional.

Cierto es que, a la caída en prisión de Gordillo, fueron desplazados del Panal los operadores de la profesora (sobre todo su hija, la senadora Mónica Arriola, ya fallecida), y el dirigente hasta entonces de papel, Luis Castro, pasó a asumir con precariedad una especie de autonomía. Pero, a fin de cuentas, el citado Panal es un instrumento de acción electoral magisterial que, puesto de nuevo al servicio del PRI y, en dado caso, con el empuje y reorganización de Gordillo desde su departamento de Polanco, podría darle algo de vigor y estructura (sobre todo, para trapacerías electorales) a la desangelada campaña de José Antonio Meade, quien no ha podido levantar el vuelo electoral con la prestancia y contundencia que sus impulsores esperaban.

Meade no ha logrado posicionarse como el buen ciudadano apartidista (segundo de los hechos mencionados líneas atrás, en el contexto gordillista). Por el contrario, sea por decisión propia o porque así lo ha obligado Los Pinos, se ha esmerado en mostrar una faceta de priísmo aspiracional, tratando de mimetizarse con el más clásico dinosaurismo (¡Háganme suyo!, dijo a la élite cetemista) y haciendo reverencias a Enrique Peña Nieto, cuyas pésimas calificaciones en encuestas de opinión suelen contaminar a los candidatos del partido de tres colores.

De ser cierta la especie que adjudica a un pacto político Gordillo-Peña-Meade el súbito giro benévolo de la PGR, serían ya tres los pagos políticos de escándalo que el PRI-Los Pinos estaría haciendo en aras de fortalecer a Meade. Además de la sugerente amabilidad pinolera de desistirse de impugnaciones contra Gordillo, se cedió la candidatura priísta de Yucatán al grupo de la ex gobernadora Ivonne Ortega, quien trocó sus presuntos aires rebeldes (asumidos en el proceso interno priísta de postulación presidencial), por un silencio ante el dedazo en favor de Meade y, luego, una abierta adhesión al pentasecretario.

El virtual candidato, Mauricio Sahuí Rivero, hizo su carrera política a la vera de la ex gobernadora Ortega y del actual mandatario, Rolando Zapata Bello (en la administración de éste era secretario de Desarrollo Social). Dejó en el camino a Jorge Carlos Ramírez Marín, actual presidente de la mesa directiva de la cámara federal de diputados y al diputado federal Pablo Gamboa Miner, hijo del jefe político del Senado, Emilio Gamboa Patrón.

El tercer pago ha sido no solamente político: el inicio de la (pre)campaña de Meade se hizo en San Juan Chamula, con el gobernador Verde-PRI, Manuel Velasco, como principal organizador. De entrada no parecía el mejor punto de arranque para el tecnócrata: la violencia relacionada con la política y el reparto de recursos públicos había provocado, a finales de julio de 2016, el asesinato, en plena plaza pública, del presidente municipal Domingo López González, un regidor, un síndico y otras dos personas.

En esta ocasión, los pobladores de San Juan Chamula dieron marco escenográfico a Meade (unos 4 mil asistentes), pero al siguiente día realizaron protestas violentas porque no les cumplieron las promesas de entregarles recursos públicos de apoyo, lo cual había sido uno de los móviles de su asistencia al acto verde-priísta.

Ha quedado en la cancha de Los Pinos la decisión de cerrar el círculo de aprobación y aplicación de la Ley de Seguridad Interior, si Enrique Peña Nieto cree que no son necesarias ningunas observaciones a lo votado favorablemente por la mayoría de priístas y sus aliados en las cámaras de diputados y senadores.

Por el contrario, si Peña Nieto estimara que no hubo el diálogo y el análisis suficientes del tema en el proceso legislativo o decidiera atender las insistentes advertencias de organismos nacionales e internacionales (incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez) y una parte de la sociedad mexicana, respecto de los riesgos que entraña la mencionada LSI, podría desechar en parte o en todo esa ley, conforme a las facultades que le asigna el artículo 72 de la Constitución (https://goo.gl/QE4Bgi ).

Si Peña desechara en todo o en parte la LSI, podría frenar la entrada en vigor de un ordenamiento muy preocupante y desde ahora rechazado por una parte importante de la sociedad. El artículo 72 establece que, en esa hipótesis, las cámaras deberán analizar las observaciones hechas por la Presidencia de la República, y si dos terceras partes de los votos emitidos sostienen la iniciativa en los términos originalmente autorizados por esas cámaras, deberá ser publicada, sin más, por el Presidente (por ello es que la facultad no es de veto, aunque este término se usa popularmente).

Peña Nieto, en esta hipótesis que parece de difícil realización, podría impulsar, junto a la reformulación legislativa, el cumplimiento de las ofertas de discusión pública y de análisis serio y fundado, con participación de especialistas y representantes de organismos de la sociedad. ¡Hasta mañana!

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