El presidente de la Asociación Latinoamericana de Pequeños Empresarios (Alapyme), Alejandro Saucedo, propuso que el bono que se otorgan cada año los 66 diputados locales por 25 millones de pesos se destinen a la reconstrucción en la Ciudad de México.

Ante la posible quiebra financiera que advirtió la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la capital por las presiones que generan la reconstrucción y el calendario político electoral, el dirigente empresarial señaló que “el tema aquí es muy claro: la Ciudad de México tiene un problema, no cuenta con fondos para la renovación de inmuebles, pero adicionalmente vienen las campañas electorales y más bien en lugar de que las delegaciones o los diputados vean cómo gastar, deben ver la forma de etiquetar los recursos de manera responsable.

Sabemos muy bien que cuando hay etapa de comicios, las demarcaciones utilizan todo el aparato para promover el voto, dar dádivas, pagar el sufragio mediante programas sociales, el famoso apoyo a grupos vulnerables de 2 mil, 3 mil pesos añadió Saucedo.

El secretario de Finanzas tendría que exhortar a los diputados a que etiqueten y se vigile de manera responsable la aplicación del presupuesto, porque es de ahí donde vienen las fugas y prevenir un desfalco, dijo en entrevista con La Jornada.

Distintas organizaciones sociales que trabjan en la Ciudad de México exigieron a las autoridades capitalinas que el presupuesto de 2018 refleje la situación de emergencia.

Rechazaron que los damnificados se conviertan en deudores permanentes y exigieron dar marcha atrás en las leyes de Sustentabilidad Hídrica y de Reconstrucción de la Ciudad.

Los afectados pidieron que se destine un monto de 35 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad y exigieron que se etiquete 5 por ciento del total del presupuesto 2018 a programas de vivienda de interés social, que incluya la compra de suelo, expropiaciones, edificación, estudios y proyectos.

Expusieron que además de los daños del sismo del 19 de septiembre pasado, la emergencia está presente en amplios sectores de la población, que sigue esperando soluciones a sus demandas de trabajo, agua, vivienda, educación, salud y desarrollo comunitario.