l pasado jueves, al mediar la tarde el dólar subió 0.63 por ciento frente al real, y el euro pegó un brinco de 1.32 por ciento. A la vez, la Bolsa de Valores retrocedía uno por ciento, y la agencia Moody’s advertía sobre el riesgo de rebajar la clasificación de Brasil, lo que servirá para ahuyentar inversionistas.

Todo eso porque el presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Rodrigo Maia, confirmó lo que había sido anunciado de manera abrupta en la noche anterior por el vocero del gobierno en el Senado, el denunciado y procesado Romero Jucá: la reforma del sistema de jubilaciones, principal bandera de Temer y compañía, no será votada antes de febrero del año que viene.

De inmediato Jucá fue desautorizado por el despacho presidencial y, curiosamente, por el mismo Rodrigo Maia, que en menos de 24 horas probó que él tenía razón. Hasta ayer, el gobierno insistía en que los debates en el Congreso empezarían la semana que viene. No había ninguna señal en el horizonte indicando que se alcanzaría la cantidad de votos necesaria para una enmienda constitucional, o sea, 308 de los 531 diputados.

Los que conocen las entrañas de la Cámara decían que siquiera había seguridad de alcanzar 270 votos favorables a un proyecto que, al inicio de la gestión de Michel Temer, luego del golpe institucional que lo llevó al poder, era considerado la principal bandera de su gestión y que en los últimos meses ya había sido drásticamente deshidratado.

Cuando fue anunciado, en octubre del año pasado, el proyecto de ley recibió fuerte resistencia de los sindicatos. La eliminación de párrafos que significarían pérdidas brutales de derechos no ha sido suficiente para calmar los ánimos, en especial de parte de los funcionarios públicos, que perderían varios de sus privilegios.

El sacrosanto mercado, a su vez, se resignó, a regañadientes, a los cambios y al drástico encogimiento del texto original. Pero aun así, la resistencia de amplios sectores de la opinión pública persistió. Los diputados intentaron urgentemente de convencer de las bondades del proyecto altamente impopular, en los últimos días, representantes de distintos sectores del empresariado se desplazaron hacia Brasilia para, en el Congreso, intentar convencer a los más recalcitrantes de su importancia. En vano.

Como 2018 es año de elecciones generales, y la propuesta de Temer, el más impopular presidente de la historia brasileña, sigue enfrentando resistencias, es más fácil encontrar un refrigerador en el polo norte que un solo analista que asegure que en febrero el proyecto tiene posibilidades reales de ser aprobado.

Ha sido la más contundente derrota de Temer. Hasta el último instante, y en complicidad con el presidente de los diputados, se pretendió pasar al empresariado y al mercado financiero que sería difícil pero posible aprobar la propuesta de enmienda constitucional todavía en 2017. Ha sido justo el vocero del gobierno en el Senado quien desarmó lo que todos sabían ser una farsa de proporciones amazónicas.

Lo más probable es que la votación de la reforma del sistema de previdencia social ocurra en 2019, ya con el sucesor de Temer en el sillón presidencial. Con eso, el gobierno tiene muy poco con que ocuparse el año que viene, excepto, claro, las elecciones.

La reforma principal naufragó, y en su estela naufraga la esperanza del gobierno de hacer aprobar en lo que resta del año un paquete de medidas fiscales supuestamente capaces de asegurar la meta fiscal del año que viene. Esa meta, a propósito, prevé un agujero –mejor dicho, un cráter– de escandalosos 159 mil millones de reales, o sea, unos 48 mil 500 millones de dólares. Son pocos los vestigios de que semejante déficit sea cumplido: se teme que, con Temer, podrá ser superior.

Para mantenerse aferrado al sillón presidencial, que le asegura foro jurídico privilegiado, y amparar a dos de sus cómplices denunciados a su lado manteniéndolos en puestos ministeriales, Michel Temer dedicó cinco largos meses a comprar votos de diputados que le asegurasen protección. La tan propalada austeridad prometida entre frases tan solemnes cuanto vacías fue substituida por gordas prebendas y obesas distribuciones de presupuesto a sus excelencias.

En la actual legislatura, y más que nunca, es tan fácil comprar un voto que una naranja en cualquier frutería. Temer y su bando lo saben. Gastaron lo que tenían y lo que no tenían para asegurar protección frente a denuncias amparadas en bases más que sólidas tanto de la fiscalía general como de la misma policía federal. Se les acabó el dinero, al menos en las cantidades exigidas por los diputados. Perdieron.

Así terminará un año capaz de asustar hasta a las niñas bonitas de Oaxaca: con un gobierno que no gobierna, encabezado por un presidente que carga dos sólidas denuncias criminales en los hombros y con un ministro de Hacienda que, a pesar de ser incapaz de cumplir lo prometido, tiene pretensiones de altos y risibles vuelos. Es que Henrique Meirelles pretende lanzarse candidato a la presidencia en 2018.

En un país de locuras y naufragios, todo puede ocurrir. Inclusive que el responsable por la devastación de la economía pretenda ser presidente.