El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) tiene gran cantidad de deficiencias e irregularidades, entre ellas la falta de coordinación con las bases de información de otros organismos gubernamentales y civiles, pero lo más grave es que no distingue entre quienes se perdieron por accidente y quienes fueron desaparecidos de forma intencional por funcionarios o particulares, lo que invisibiliza la responsabilidad del Estado en dicho fenómeno.

Un diagnóstico elaborado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios da cuenta de diversos fallos en el recuento que elabora el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales impiden conocer la magnitud real del fenómeno de las desapariciones en México.

En la presentación del documento, el subdirector del centro Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, explicó que los autores de la investigación –coordinada por Aída María Noval– se dieron a la tarea de estudiar 332 mil 771 registros, tanto del RNPED como de los documentados por dicha organización civil.

Uno de los principales hallazgos del informe es que el registro nacional únicamente consigna datos existentes en averiguaciones previas iniciadas de enero de 2014 en adelante, las cuales no necesariamente reflejan todos los casos individuales de desaparecidos, sino que pueden incluir en un solo expediente las historias de más de una víctima.

De igual manera, el estudio reveló que el RNPED se divide en casos que se investigan como delitos del fuero federal, que incluyen los nombres de las víctimas, y otros más que se consideran del fuero común, que no mencionan los nombres, lo cual da una idea de la falta de pericia en las indagatorias.

Otro hallazgo es que las fichas del RNPED suelen tener equivocaciones incluso en los datos básicos de las víctimas, como su nombre o apellido, el estado o municipio donde desaparecieron, su edad e incluso el género.

De igual forma, muchos de ellos son dados de baja de este registro cuando se les considera víctimas de ilícitos diferentes a la propia desaparición, como trata de personas o secuestro, o simplemente se les borra de la lista sin ninguna razón.

Tanto Chamberlin como académicos y especialistas que participaron en la presentación del documento coincidieron en que la equivocación más grave del RNPED es no diferenciar claramente a las personas extraviadas de las desaparecidas, lo cual tendría el propósito de confundir intencionalmente a quienes estudian estos temas para ocultar la gravedad del problema.

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, subrayó que este informe seco y árido nos provoca ganas de llorar. Dar de baja de la lista a personas que siguen desaparecidas no sólo produce distorsión, sino que es un acto cruel, despiadado y maligno, cuyo objetivo es matizar la crisis que vive México en este terreno.