Debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca, diputados de Morena, Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) crearon un grupo de trabajo para investigar los sucesos de violencia en ambas entidades.

En tanto, el diputado por Morena Guillermo Santiago, acompañado de los indígenas de Chalchihuitán, Chiapas, Eugenio García y Mariano García, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en San Lázaro, solicitando a la Secretaría de Gobernación atienda de manera inmediata la crisis humana, derivada de los desplazados de Chalchihuitán, quienes son obligados a abandonar su lugar de origen por sus vecinos de Chenalhó.

El diputado Santiago expuso que más de 5 mil personas desplazadas viven una crisis humana, a grado tal que se contabilizan siete decesos por hambre y frío –y uno por arma de fuego– a causa de las diferencias religiosas en la zona de los altos de Chiapas.

No obstante, tras el conflicto religioso subyace una crisis agraria, derivada de los años 70 del siglo pasado, por el pésimo deslinde topográfico en que incurrieron las autoridades federales, a la hora de reconocer y asignar los núcleos agrarios de las dos poblaciones referidas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideró que se somete a riesgos inaceptables a menores y jóvenes afectados por el conflicto territorial entre las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, quienes se han visto obligados, dijo, a un desplazamiento forzado y a vivir en condiciones infrahumanas, tras lamentar la muerte de cuatro menores –uno de ellos recién nacido– y dos adultos.

En un pronunciamiento, Christian Skoog, representante del Unicef en México, calificó de inaceptable que en México sigan muriendo niños de hambre y de frío, y aseguró que lo que están viviendo miles de niños y niñas en Chiapas es intolerable, ya que están muy asustados y son altamente vulnerables.

En una posición similar, la diócesis de San Cristóbal de las Casas señaló que a los decesos provocados por este conflicto se suman también el aumento de los reportes de problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas.

Señaló que la crisis humanitaria se intensifica por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frío y la condición de desplazamiento de numerosas familias, mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.