Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, lamentó que los gobiernos federal y de Chiapas hayan permitido que un grupo armado tenga prácticamente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán. Lo que, subrayó, ha agravado el histórico conflicto entre este municipio y el de Chenalhó.

En nombre de los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil, el religioso dio a conocer un posicionamiento en el que dijo no entender las razones por las que las autoridades federales y estatales han permitido que un grupo armado haya “puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán (…) Recibimos noticias de que los sujetos armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso”.

Exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal intervenir de manera urgente para solucionar la crisis humanitaria que enfrentan más de 5 mil desplazados de ambos municipios; así como dar una solución integral a este añejo problema que ahora se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados, que de acuerdo con algunas denuncias fueron dotados del armamento por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez.

En el documento, que tiene la anuencia del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, Ituarte Verduzco aseveró que aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente.

Advirtió que el problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde Ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.

Las autoridades, demandó, deben reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos y a la Constitución.