Culiacán, Sin.

Los ex funcionario del gobierno que encabezó Mario López Valdez (Malova, 2011-2016), Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud, y Jaime Otáñez García, director de Atención Medica, fueron vinculados a proceso por autorizar un contrato sin licitar por 18 millones de pesos y realizar pagos por más de 14 millones de pesos de manera ilegal.

El juez de control y enjuiciamiento Juan Luis Quiñones Beltrán ordenó que ambos ex funcionarios cumplan con una sanción económica por un millón de pesos, asistan de manera mensual y no salgan de la entidad, como medidas cautelares para que no evadan el proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó prisión preventiva en contra de Echeverría Aispuro; sin embargo, el juez negó la petición.

La audiencia inicial, que duró alrededor de cuatro horas, se realizó en el centro de justicia penal ubicado en Culiacán.

Los ex funcionarios están imputados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

La fiscalía manifestó que la investigación surgió luego de que la Auditoría Superior del Estado hiciera señalamientos a Servicios de Salud en la revisión de la cuenta pública del gobierno de Sinaloa 2016.

Argumentó que el 8 de enero del año pasado se hizo el contrato número SSS/20/2016, donde se adjudicó de manera directa a una empresa el arrendamiento por servicios de imagenologia, como tomografías, ultrasonidos y rayos X para afiliados al seguro popular en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Sinaloa.

Por ese contrato, firmado por Echeverría Aispuro, Otáñez García y María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de Servicios de Salud, se realizaron pagos ilegales por 14 millones 775 mil pesos; para dicho contrato, argumentó la FGE, debió hacerse una licitación por la cifra utilizada.

Estoy totalmente en desacuerdo; el contrato se hizo con toda legalidad, manifestó Echeverría Aispuro, luego se apegó a su derecho de reservarse su declaración. El juez autorizó cuatro meses para que la fiscalía cierre la investigación complementaria.