La Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina condenó enérgicamente y exigió a las autoridades capitalinas una inmediata investigación sobre el allanamiento de oficinas de organizaciones defensoras de garantías.

El pasado 19 de noviembre se registró la irrupción a la sede del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, así como de la Asociación por una Cultura de los Derechos Humanos, con domicilio en la colonia Narvarte.

Del inmueble fueron sustraídos equipo de cómputo, documentos y expedientes de diversas investigaciones. Ante el hecho, la CDHDF emitió medidas precautorias para garantizar la integridad y seguridad de los defensores de ambas organizaciones.

Esta no es la primera ocasión que suceden hechos intimidatorios contra esas agrupaciones. Han recibido amenazas telefónicas, intentos de espionaje, incluso otros allanamientos con motivo de su labor en defensa de los derechos humanos, denunció el organismo.

Ante estas agresiones, la comisión exigió a las autoridades, de todos los niveles de gobierno, a que asuman su responsabilidad como entes de Estado. Garanticen la seguridad, integridad y la vida, así como condiciones adecuadas para que las personas pueden defender y promover los derechos humanos.

Afirmó que el deber de protección de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es la investigación expedita e imparcial del allanamiento, la cual debe considerar como principal línea de investigación la labor que llevan a cabo los defensores de garantías.