La mayoría de los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados ignoraron las observaciones de Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien les solicitó modificar el contenido de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal, donde se inscriben por vez primera sanciones de dos a seis años de prisión contra los operarios de radios comunitarias que utilicen el espectro sin permiso o concesión alguna.

Así, con 11 votos en favor y dos en contra, de los diputados Virgilio Caballero y René Cervera (Morena), se inscribe en la propuesta de reforma –que será votada en los próximos días en el pleno cameral– la aplicación de castigos penales que sustituirán los administrativos, como se sanciona en la actualidad.

Incluso, el priísta José del Pilar Córdova justificó la adición de castigos penales en la ley, porque podían estar involucrados narcotraficantes en el uso ilegal del espectro radioeléctrico. Descalificó la solicitud enviada por Jan Jarab al presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín; a cada uno de los coordinadores parlamentarios en San Lázaro y a la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Lía Limón (PVEM): ni si quiera mexicano es, espetó.

El pasado 4 de octubre, el organismo legislativo aprobó un cambio al artículo 304 de dicha ley y la adición del capítulo 72 al Código Penal Federal, desglosando el tipo penal y el alcance de los castigos de cárcel para quienes usen sin autorización (las radios comunitarias) el espectro radioeléctrico:

A quien use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espacio radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años y de 100 a 300 días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

Estos cambios en ambos ordenamientos dieron pie a una solicitud de Jan Jarab, donde expone qué si bien el dictamen tiene el propósito legítimo de proteger los bienes del dominio público del uso indebido por personas físicas o jurídicas, “el proyecto podría tener un impacto negativo en la protección de derecho a la libertad de expresión, concretamente de la radiodifusión comunitaria, en contravención de lo establecido en los estándares internacionales en la materia.

La ONU considera que la criminalización de la conducta descrita en el dictamen y la consiguiente sanción privativa de la libertad es una medida excesiva frente a la afectación al bien jurídico”.