A ocho meses del asesinato de Miroslava Breach Velducea, la autoridad no tiene ni un detenido y persisten la desinformación que ha contaminado el caso, la opacidad gubernamental en los avances de la investigación y la filtración de versiones extraoficiales sobre la identidad de los autores intelectuales del crimen, cuestionaron organizaciones civiles y periodistas cercanos a la corresponsal de La Jornada.

Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica piden que autoridades federales atraigan el caso del homicidio cometido el pasado 23 de marzo, cuyos autores materiales e intelectuales, así como copartícipes fueron identificados luego de un mes de indagatorias, según informó el gobierno de Chihuahua en abril.

Reporteros, activistas y defensores de derechos humanos exigen que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, haga uso de su atribución para acceder a la investigación y confirme los avances en la indagatoria, que proceda a la detención de los autores intelectuales del homicidio, si es que en realidad están identificados, y los lleve ante la justicia.

Rolando Nájera Ortega, periodista cercano a Miroslava Breach, emitió ayer un pronunciamiento para señalar la falta de claridad en el trabajo de la Fiscalía General del Estado y el aparente nulo interés en concluir las pesquisas; cuestionó que la autoridad estatal niegue a familiares el acceso al expediente del caso y evite aclarar si el móvil del crimen está relacionado con los vínculos entre políticos e integrantes del crimen organizado, tema que investigaba la corresponsal de La Jornada.

Diputados locales y activistas dan seguimiento al proyecto de creación de una unidad especializada en investigación de crímenes contra periodistas, oficina que formará parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos del gobierno de Chihuahua. La nueva dependencia comenzará a funcionar el próximo año y dará seguimiento a las denuncias por amenazas, hostigamiento y ataques contra comunicadores.

Chihuahua es la entidad con más defensores de derechos humanos asesinados, con al menos 19 casos desde 2009, y la segunda con más homicidios de periodistas, además de que engloba 30 por ciento de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a comunicadores, activistas y defensores en riesgo.

Pedro Torres Estrada, diputado local de Morena, recordó que Miroslava Breach acudió al Mecanismo Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas cinco meses antes de ser asesinada, sin que los protocolos de protección funcionaran para evitar el homicidio afuera de su casa.