a la impresión de que los desastres actuales pasarán como si no hubieran ocurrido. El impacto de las destrucciones ocasionadas por los edificios y las casas que colapsaron o que se derrumbaron parcialmente, parecen irse difuminado, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran muerto más de 500 mexicanos, hombres y mujeres de diferentes edades. Pero en la realidad, las personas afectadas (casi un millón) están librando una batalla todos los días con sus circunstancias y con los representantes gubernamentales que no cesan de aparecerse como el segundo desastre; posando para las cámaras de fotógrafos mediáticos, declarando banalidades como cuántos estadios azteca se llenarían con los cascajos de las edificaciones derrumbadas.

Los desastres nos muestran como es la sociedad en realidad, pero en las malas. México es un país injusto, históricamente injusto, tan injusto que por eso hubo una revolución y la violencia es incontenible. En el fondo refleja eso…

Lo que los políticos llaman la reconstrucción representa una etapa que debe ser analizada con mucho cuidado para sopesar elementales vías de hacer justicia o, por lo menos, de no ahondar las injusticias. Las fórmulas que han ideado desde la burocracia federal a los estados y municipios (delegaciones), es utilizar los fondos financieros (Fonden y Fonrec) y probablemente algunos recursos adicionales del erario, para la reconstrucción. Ofrecen montos de ayuda, ofrecen créditos de ayuda y hasta sugieren tandas para que los afectados puedan acceder de nuevo a sus viviendas. Hacen censos, ofrecen ayuda y la narrativa de comunicación ubica al gobierno como el salvador de la desgracia, el que no va a dejar solos a los afectados, cuando en realidad puede resultar ser el victimario. Vamos a ver.

Partimos del hecho de que los desastres que estamos presenciando por mediación de los sismos del 7 y 19 septiembre, fueron prevenibles y, por tanto, las muertes de personas pudieron ser evitadas. La responsabilidad en la prevención de desastres es, primariamente del gobierno, ¿por qué no hizo lo suficiente para prevenir y evitar la muerte de las personas?

El Presidente de la República o el secretario de Gobernación nombran al responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, que es la instancia cuya misión y objetivo son la protección de la vida y bienes de la población frente a amenazas naturales y de todo tipo. Si la elección fue errónea o negligente, entonces se incurre en responsabilidad política (cualquiera que sea su definición: “… en el ejercicio de sus actividades incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho…”). Lo mismo ocurre en el nivel de la entidad federativa o de la Ciudad de México. El gobernado o jefe de Gobierno incurre en responsabilidad política si define un nombramiento deficiente. Adicionalmente, la no transición hacia un mejor esquema de organización gubernamental, por ejemplo, pasar de la protección civil (reactiva) a la gestión del riesgo (preventiva), es una responsabilidad que comparten las máximas autoridades políticas con sus designados. Esa puede ser una responsabilidad penal, dado que, contando con los recursos para avanzar, no lo hacen y configuran una omisión criminal, una conducta delictiva.

Lo anterior quiere decir que las afectaciones por los sismos (y por cualquier otra amenaza reconocible) que pudieron evitarse, hace que las personas afectadas sean víctimas de sus gobernantes. De hecho en los países de habla anglosajona a los damnificados se les denomina víctimas y éstas tienen un estatuto jurídico claro y, lo menos que se puede decir, es que son sujetos pasivos del delito. Como víctimas, los damnificados son sujetos no sólo de reparación del daño, sino, eventualmente de compensación según la gravedad de la afectación.

Los altos cargos políticos deben enfrentar sus responsabilidades y deben poner en primer plano, como criterio de reconstrucción la reparación del daño y la compensación de las víctimas de los desastres. Lo demás es lo de menos.

La búsqueda de fincamiento de responsabilidades y el seguimiento de procesos penales contra DRO, constructores, dueños de escuelas o edificios e incluso de funcionarios públicos que solaparon la construcción de las obras sin la seguridad adecuada, es correcta, ellos son responsables y deben ser castigados. Las responsabilidades de los más altos cargos no deben ser soslayadas dado que eso debe incluirse en los criterios de inversión para la reconstrucción. Pedir que las víctimas que perdieron sus viviendas accedan a créditos para reconstrucción es transferirles al costo de la irresponsabilidad de los gobernantes, cosa que es tan inaceptable como ofrecerles recursos de reconstrucción insuficientes.

*Investigador del CIESAS-México

**Director de La Jornada Oriente