Ciudad Juárez, Chih.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua, Víctor Quintana Silveyra, aseguró que el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, se niega a rendir cuentas de los 4 millones 477 mil pesos que la Federación, por conducto del gobierno del estado, le entregó en noviembre de 2016, con el argumento de que ese recurso él mismo se lo entregó a la diócesis de esta ciudad.

La Casa del Migrante, a cargo de Calvillo Salazar, rechaza ser objeto de auditoría por la administración del gobernador Javier Corral, porque asegura que los recursos con los que opera este 2017 no son de fondos públicos, sino dinero prestado de la diócesis de Juárez y de donativos de organizaciones civiles.

Quintana Silveyra aclaró que se pretende auditar lo que el gobierno estatal le entregó el año pasado. Incluso señaló que el sacerdote tuvo una conducta similar en 2015, cuando se le entregó una cantidad de dinero de la cual no rindió cuentas y la Auditoría Superior del estado (ASE) tuvo que intervenir.

Yo no quería contar esto, pero es necesario por como se está poniendo el sacerdote Calvillo. El 7 de abril de 2015 la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado solicitó a la ASE una revisión a la Casa del Migrante AC, porque anteriormente no había presentado estados financieros, por lo que ya se tiene el antecedente, precisó el funcionario.

Aclaró que nunca se llevó a efecto la revisión por parte de la ASE y hoy, esos recursos están en tiempo de supervisarse.

En noviembre de 2016, precisó Quintana Silveyra, se le entregaron 4 millones de pesos porque así lo mandó el Fondo de Apoyo al Migrante del Instituto Nacional de Migración (INM), y lo que se le solicita es que acredite ese periodo; nada que ver con 2017.

No hay acoso

Calvillo Salazar aseguró el jueves pasado que la Secretaría de Desarrollo Social estatal lo acosa al pretender auditar su gasto corriente a pesar de que el gobierno no los ha apoyado en absoluto en este 2017.

El funcionario estatal expuso que el gobiernono va a aplicar sanciones (a la organización que ayuda a los ciudadanos en tránsito); pero es necesaria una auditoría porque es una obligación del estado y de la institución, permitir que se realice.

Destacó que las veces que visitó la Casa del Migrante no encontró al sacerdote Calvillo, y ahora resulta que salió a los medios de comunicación para acusar a la administración, cuando lo único que ha hecho el gobierno es tratar de poner las cosas en claro.

Mencionó que pasarán el reporte al Fondo de Apoyo al Migrante del INM; “le diremos: ‘mire, ha habido este asunto, lo que puedo afirmar es que hay un incumplimiento del acuerdo que el padre firmó con su puño y letra’”, enfatizó.

Quintana Silveyra manifestó que los organismos fiscalizadores tendrán que determinar si existe una sanción para la Casa del Migrante por resistirse a entregar los estados financieros de los recursos entregados en noviembre de 2016.

Nosotros nada más cumplimos la obligación de practicar la auditoría y reportarlo; además en las reglas de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes así está estipulado, finalizó.