a declaración del presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, muy cerca estuvo de provocar un infarto entre los consumidores (y de paso al gobierno federal, aunque por otras razones), pues el dirigente sectorial advirtió que “existen muchas posibilidades de que en enero de 2018 se registre otro gasolinazo”, que elevaría el precio de la Magna por encima de 20 pesos por litro y el de la Premium por arriba de 23 pesos, con el consecuente impacto negativo en otros precios y cadenas productivas.

La versión de González Córdova resulta más que creíble, porque el tipo de cambio del peso mexicano sigue en declive, día a día se incrementa la de por sí elevada importación de gasolinas (pagada en dólares) y paralelamente se reduce la producción interna, está a la vuelta de la esquina la liberalización total de los precios de las gasolinas y el diésel, crece el impacto inflacionario para el consumidor y, en fin, siempre gana la tradición de que realidad mata discurso oficial. Otro gasolinazo en puerta, pues.

Sin embargo, tras difundirse la cruel noticia, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, de inmediato brincó a la palestra para “negar categóricamente que vaya a haber un gasolinazo a fin de año. El mecanismo vigente desde principios de este año para fijar el precio de los combustibles está diseñado para reducir la volatilidad que caracteriza el mercado de hidrocarburos a nivel mundial. Dicho esquema de precios funciona bien, y no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto en el costo de las gasolinas que se venden al consumidor mexicano. El mecanismo vigente reduce la volatilidad y los precios suben o bajan diariamente en proporciones pequeñas a partir de este mismo año”.

Qué bueno que González Anaya de inmediato salió a desmentir la declaración de González Córdova. Es creíble lo dicho por el director general de Pemex, aunque la versión del presidente de la Amegas no deja de tener sustento. Sin embargo, el problema real para ambos, y sobre todo para los consumidores, no es si la empresa productiva del Estado tiene razón o ésta corresponde a la agrupación de empresarios gasolineros, con sus argumentos de carácter productivo-financiero asociado a los combustibles.

El problema real está en otra parte del gobierno federal. Se trata de la temible Secretaría de Hacienda –y dentro de ésta José Antonio Meade, el padre del mega gasolinazo de enero pasado–, es decir, la institución que decide los precios y tarifas del sector público. Así, como el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, está en lo cierto cuando afirma que no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto en los precios de los combustibles, pero si de repente a la SHCP y a su titular se les ocurre que es necesario aumentarlos, pues, ¡Zas!, le puede dar la vuelta.

Y para quien tenga dudas al respecto, basta revisar el interminable historial de declaraciones de los funcionarios públicos (no aumentará el precio de la tortilla; no se incrementarán las tarifas, no se privatizará tal o cual empresa del Estado o sector estratégico, etcétera, etcétera) para saber cómo funcionan las cosas. Para no ir más lejos, por ejemplo, cómo olvidar la afirmación de José Antonio Meade cuando anunció el mega gasolinazo que entró en vigor el primero de enero de 2017 (aumentos de precios de hasta 24 por ciento según la región de que se tratara): no será inflacionario, y con el correr de los meses la inflación se duplicó como consecuencia del (¡sorpresa!)… mega gasolinazo.

Tampoco se puede olvidar, cómo en este espacio se ha documentado, que los aumentos a los precios y tarifas del sector público (ajustes le llaman los tecnócratas del gobierno federal) ha sido la norma a lo largo de las últimas tres décadas y media. Y en este sentido recuérdese que de Miguel de la Madrid a la fecha el precio de la gasolina se ha incrementado en más de 92 mil por ciento y el del diésel 174 mil por ciento (con una inflación acumulada en el periodo de 56 mil por ciento), siempre con el discurso de que el objetivo es abatir los subsidios indiscriminados y liberar recursos para bien de la nación.

Y ese descomunal incremento de precios (como el de tantos otros del sector público, amén de las tarifas) no los autorizó Petróleos Mexicanos, ni los promovieron los empresarios gasolineros. Muchos menos los consumidores, que ya no sienten lo duro sino lo tupido. Simple y sencillamente los aplicó la Secretaría de Hacienda, siempre con una enorme sonrisa de su titular en turno.

Sin ánimo de deprimir a nadie, a estas alturas el precio promedio de la gasolina Premium en México resulta 27 por ciento superior al imperante en Estados Unidos (también promedio y para el mismo tipo de carburante). Y se trata del mismo carburante que nuestro país importa masivamente para satisfacer la creciente demanda interna, como resultado de que a los genios de la tecnocracia se les ocurrió que era una excelente idea no construir refinerías, porque no son rentables para las finanzas públicas. Como cápsula de memoria, la refinería mexicana más joven se construyó en 1979.

En Estados Unidos un litro de gasolina de alto octanaje, equivalente a la Premium, se vende –en promedio– a 75 centavos de dólar; en México se expende a 95 centavos de billete verde, un precio igual al registrado, por el mismo volumen, en Camboya, Ghana y Bután, aunque en estas naciones sus políticos nunca les garantizaron (notario incluido) que reducirían los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, como Peña Nieto comprenderá.

Así es, en lo que va del gobierno que prometió reducir los precios de combustibles y de la energía eléctrica, el de la gasolina Magna se ha incrementado 55 por ciento; el de la Premium 63 por ciento; el del diésel 58 por ciento y el del gas licuado de petróleo (LP) 53 por ciento. Y en el mismo periodo (diciembre de 2012-octubre de 2017) la inflación acumulada ha sido de 20.3 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Hoy arranca, oficialmente, la quinta ronda de defunción… perdón, de negociación del TLCAN, a la que no asistirán los ministros responsables. Entonces, ¿qué decidirán? ¿Acaso el ramo de flores que cada una de las partes enviará al sepelio del acuerdo trilateral?... En vía de mientras, el dólar a 19.49 pesitos.

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