Washington.

Un panel de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), que reúne a acreedores de bonos, resolvió este jueves que el gobierno venezolano y la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), entraron en “default de pagos” luego de tres retrasos.

El comité aprobó de manera unánime que ocurrió un evento de crédito al evaluar las consultas hechas por los acreedores una vez que no recibían en el plazo establecido los pagos de intereses y capital de papeles emitidos por las instituciones de la república bolivariana.

Con ello se abre el camino para cobrar los seguros por incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps) contratados por los acreedores. La ISDA, que celebró cuatro reuniones para adoptar la medida, convocó a otra cita el próximo lunes en Nueva York con el fin de continuar las discusiones.

El reporte se conoció un día después de que PDVSA confirmó el pago con éxito de sus tres obligaciones de deuda: los bonos 2017 y 2020, valuados en mil 169 millones y 842 millones de dólares, respectivamente, y el cupón de 2027, vencido el pasado viernes, de 81 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión de la asociación no tendrá mayor impacto sobre los bonos emitidos por el país sudamericano que alcanzan unos 60 mil millones de dólares, indicaron analistas.

Esta semana la firma S&P Global Ratings también declaró a Caracas en “default selectivo”, porque no logró pagar cupones por 200 millones de dólares sobre sus bonos globales con vencimiento en 2019 y 2024 en un periodo de gracia de 30 días.

El gobierno venezolano enfrenta una deuda pública externa de alrededor de 150 mil millones de dólares, que incluyen 45 mil millones en pasivos gubernamentales y otros 45 mil millones en deuda de la petrolera estatal PDVSA.

En otro orden, al continuar la presión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, contra Caracas, una comisión del mecanismo hemisférico analizó de nuevo la posibilidad de llevar al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

En la tercera ronda de audiencias, el panel escuchó los testimonios de un ex fiscal, alcaldes, congresistas, familiares de fallecidos durante las protestas antigubernamentales de este año y representantes de la sociedad civil venezolana.

En este contexto, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega pidió a la CPI que investigue a Maduro y a ministros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.

Ortega dejó en los tribunales de la corte, en La Haya, una carpeta con mil evidencias que incluyen informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos, que supuestamente involucran a la policía y al ejército en más de 8 mil asesinatos en Venezuela desde 2015, año en que ella era fiscal.

En tanto, delegados de Maduro y la oposición acordaron la metodología sobre las nuevas negociaciones para la crisis política y económica de Venezuela, programadas para este primero y 2 de diciembre en Santo Domingo, informó el gobierno dominicano.

Ambos grupos también aprobaron la participación, por primera vez en las mesas de diálogo, de los cancilleres de México, Bolivia, Chile, Nicaragua y Paraguay como mediadores.