Después de varios años de debate legislativo y en la sociedad civil ante el problema de las personas desaparecidas en México, este jueves se promulgará la primera ley general en la materia.

Esta norma ordena la creación de un sistema y una comisión nacionales de búsqueda, y un nuevo registro de personas tanto desaparecidas y no localizadas, así como un consejo consultivo ciudadano.

Un signo destacado es generar medidas obligatorias y coordinadas para la reacción inmediata, apenas se denuncie un caso, y una actualización de datos de cárceles, hospitales, prisiones, centros forenses y fosas comunes, entre otros sitios en los que se pueda ubicar a alguna persona reportada ausente.

Según el registro difundido por la Secretaría de Gobernación, actualmente hay poco más de 33 mil personas no localizadas, la gran mayoría son casos pendientes de dilucidar, a cargo de las procuradurías y fiscalías estatales, aunque un millar son del fuero federal, cuya resolución corresponde a la Procuraduría General de la República.

Los senadores aprobaron esa ley en abril pasado y los diputados el 12 de octubre.

Una vez promulgada, la ley entra en vigor y se deberán detallar los plazos y recursos para su operación.