Familiares de personas desaparecidas protestaron ayer en la Secretaría de Gobernación (SG). Denunciaron arreglos a oscuras de esta dependencia con colectivos de víctimas para llevar a personas “elegidas a modo” a la ceremonia de promulgación de la ley en la materia, encabezada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual será privada, según se dijo anoche.

Las manifestantes son, principalmente, madres que no saben de sus hijos hace más de cinco o 10 años, quienes exigen atención y solución a sus casos.

Pasada la una de la tarde, demandaban un encuentro directo e inmediato con el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, quien consultado al respecto dijo que los asistentes a la ceremonia de promulgación de la citada norma fueron elegidos por las propias organizaciones civiles, no por el gobierno.

En protesta en las escalinatas de Gobernación, los parientes de las víctimas tenían otra versión.

El subsecretario Campa ha negociado con familiares que (supuestamente) nos representan a todas las víctimas del país. Entonces, yo no sé quién me represente a mí. Diez familiares de de afectados por ese flagelo no pueden representarnos a todos los que estamos aquí, procedentes de todos los estados, dijo Margarita López Pérez, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida en abril de 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

La Procuraduría General de la República, agregó, naa ha hecho en dos años. Los familiares hemos realizado el trabajo sucio, de recuperar los cuerpos de nuestros hijos con nuestras propias manos, porque tenemos una fosa común nacional. México es una fosa común, dijo.

Entre las personas que se manifestaron se encontraban también Sara González Rodríguez, representante del Colectivo por la Paz Jalapa; María Cruz, de Querétaro; Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, mamá de Édgar Abdul, desaparecido en Boca del Río, Veracruz, el 15 de mayo de 1994; Martha Islas Cárdenas, madre de Joel Iván Acosta Islas, desaparecido en el puerto de Veracruz; Patricia Manzanares Ochoa, madre igualmente de un joven policía federal, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quien fue sacado de un hotel donde se alojaban 300 elementos federales de seguridad, así como Julia Alonso, madre de Julio Alberto López Alonso, desaparecido en Nuevo León, en enero de 2008, entre otros.

Las personas en protesta se mostraron muy molestas por los recientes comentarios del Presidente, de que se hace acosa a las instituciones.

“Los derechos humanos se han violentado. No es bullying. Remontándome al propio Peña Nieto, que el lunes mencionó que las policías están sufriendo una situación de crítica por parte de la ciudadanía, pues no podemos hacer más que eso: criticar sueldos infames, malas praxis que tienen dentro de las mismas corporaciones, pero yo creo que es más problemático y vergonzoso que el representante de la nación no tenga la facultad, el orden, para solicitar a Gobernación que atienda. No estamos buscando animales ni coches, estamos buscando seres humanos”, dijo Amalia Hernández, tía de Oliver Wenseslao, hallado en una fosa común en Morelos.

Mi familia y Oliver, agregó, hemos sido víctimas de un estado de derecho inepto, de una fiscalía que nos maltrató y ha seguido vejando las condiciones no sólo con Oliver, sino de todas las víctimas que hay en el estado.

El subsecretario Campa dijo que recibió a las personas en mención, a quienes les reiteró que son los colectivos que han participado en el proceso de elaboración de la ley los que estarán en la ceremonia de promulgación.