Días después de los operativos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, presentó un informe en el que justificó el excesivo uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, debido al grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, en referencia al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Aseveró que la estrategia planeada entre autoridades estatales y federales permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad. Y se excusó: “Es importante entender que los probables responsables nunca se entregaron pacíficamente; por el contrario, ofrecieron amplia resistencia, recurriendo a métodos violentos (…) lo que explica los niveles de rudeza adoptados para reducirlos y asegurarlos”.

Al referirse a las denuncias sobre los supuestos abusos sexuales contra varias mujeres detenidas durante el operativo, que hoy son motivo de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó: No tenemos mayores elementos que lo acrediten.

El documento, con fecha 17 de mayo de 2006, fue entregado en su momento al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y al procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. Y cobra relevancia en víspera del análisis del caso en el organismo internacional.

Robledo dio cuenta de la actuación de los efectivos, de la coordinación con la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), de la radicalidad con la que los pobladores agredieron a los policías y secuestraron a 12 de ellos, así como de la “campaña mediática encabezada por el periódico La Jornada, que de manera sistemática ha desvirtuado los objetivos del operativo”.

En el extenso informe no se refiere, en cambio, al hecho de que dos jóvenes perdieron la vida durante la acción policiaca, debido al impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.

“Las medidas coativas tomadas hace unos días en San Salvador Atenco, aunque lamentables, están plenamente justificadas jurídica y políticamente, dado el grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, quienes por el hecho de oponerse a las autoridades federales en la iniciativa de construcción del aeropuerto de Texcoco, habían logrado convertir a ese municipio en un territorio sin ley ni orden social.

Esto no puede permitirse, ni se permitirá, aunque en ocasiones tenga que llegarse al uso de la fuerza pública. En el caso de Atenco, fue preferible una acción preventiva donde las acciones se dieron en un ambiente latente de provocación de ciudadanos que han elegido la ilegalidad para defender sus derechos y donde la policía esperaba agresiones similares a las de Tláhuac, en alusión al linchamiento de policías federales en esa demarcación en noviembre de 2004.

Acerca de las denuncias por abusos policiacos, mencionó que desde los primeros reclamos se recabó toda la información para ubicar a quienes se excedieron en sus atribuciones, además de que se dio conocimiento a la autoridad ministerial competente.

Detalló que en el operativo de la madrugada del 4 de mayo de 2006 participaron mil 815 elementos de la ASE y 700 de la PFP. El objetivo, asentó, era liberar a los policías secuestrados y detener en flagrancia a los miembros del FPDT y de otras organizaciones radicales que los apoyaban. Fueron aprehendidas más de 200 personas.

Finalmente, habló de una estrategia concertada en las acciones del FPDT para involucrar a varios grupos aliados, en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello que el subcomandante Marcos tuviera justificación para recuperar espacios en los medios de comunicación y en la opinión pública para redimensionar este movimiento.