Nueva York.

El procurador general solicitó que fiscales federales evaluaran el deseo del presidente Donald Trump de investigar penalmente a sus opositores políticos, mientras la investigación federal sobre el mandatario y sus aliados, incluido el propio fiscal general, se acerca cada vez más a él y su familia. En tanto, el liderazgo republicano –distraído por un escándalo sexual– intenta ofrecer miles de millones de dólares en reducciones de impuestos para los más ricos y trata, una vez más, de desmantelar la reforma de salud, a la vez, el ocupante de la Casa Blanca sigue rompiendo récords sobre el número de mentiras y no verdades que emite.

El lunes el procurador general Jeff Sessions (quien encabeza el Departamento de Justicia) ordenó a fiscales federales evaluar si hay suficiente mérito en varias acusaciones contra Hillary Clinton para considerar el nombramiento de un fiscal especial para una investigación, en aparente obediencia a su jefe y ex amigo Trump. Desde la campaña electoral, Trump ha pugnado por una persecución judicial contra Clinton, provocando el coro de encarcélenla en todos sus actos públicos. Eso fue como político en una contienda, pero pedir lo mismo como presidente es muy diferente y, si procede, violaría normas respetadas desde los tiempos del Watergate, en que los presidentes evitan usar a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía federal contra sus opositores políticos.

El deseo presidencial apareció en un tuit casi a las cuatro de la madrugada el 3 de noviembre, cuando Trump escribió: “Todos están preguntando por qué el Departamento de Justicia (y la FBI) no investigan toda la deshonestidad que está sucediendo con La chueca Hillary y los demás”, en referencia a Clinton y los demócratas.

Este llamado a investigar a Clinton y a los demócratas provocó comentarios de que Trump estaba comportándose como político de una república bananera, donde los políticos que asumen el poder atacan y hasta encarcelan a sus opositores.

Claro que mucho de esto es en respuesta a la creciente y persistente investigación en curso sobre los socios de Trump y la mano rusa en las elecciones que encabeza el fiscal especial Robert Mueller, la cual ya ha generado acusaciones formales contra tres integrantes de su campaña (incluido a quien fue jefe de esa campaña), y que sigue generando paranoia en la Casa Blanca. Se informa extraoficialmente que varios integrantes activos de la Casa Blanca ya fueron o serán interrogados en estos días.

La semana pasada circulaban versiones de que los próximos en caer serían el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente, Michael Flynn, y su hijo, no sólo por sus intercambios ocultados con oficiales rusos sobre los cuales después mintió, sino también por lavado de dinero y ahora un supuesto complot para secuestrar a un clérigo opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, que vive en Estados Unidos y entregarlo a su régimen a cambio de unos 15 millones de dólares (no estamos inventando este guión).

A la vez, el enfoque oficial de la cúpula política en Washington es la muy traqueteada tarea de impulsar una reforma fiscal que en los hechos busca regalar una reducción de impuestos hasta por un billón de dólares sobre empresas, balanceando ese déficit de ingreso a las arcas federales con recortes a gran cantidad de programas sociales, y este martes con otro intento de revertir la reforma de salud de Barack Obama.

Pero la oposición a los muy elevados costos sociales sigue poniendo estas reformas en duda. De hecho, las consecuencias potenciales de tal voto podría llevar hasta la posible pérdida de su mayoría en las elecciones legislativos del próximo año. No ayuda que de repente un escándalo sexual de un casi senador republicano ultracristiano está incrementando ese riesgo.

El juez Roy Moore, candidato republicano en la elección especial para la curul que ocupaba Sessions en la cámara alta federal, que se celebrará en diciembre, de repente ha puesto en jaque a su partido. Acusado por cinco mujeres de haberlas acosado y asaltado sexualmente cuando eran adolescentes –dos eran menores de edad– cuando él tenia más de 30 años y era fiscal distrital, el liderazgo republicano del Congreso ha llamado a que se retire de la contienda con el líder del Senado, Mitch McConnell, declarando algo casi milagroso: yo le creo a las mujeres. Hoy el partido nacional formalmente le retiró el apoyo.

Pero Moore y sus defensores, entre ellos el ex jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, y comentaristas derechistas, acusan que todo esto es sólo una faena política promovida por los medios y los demócratas, y más aún, parte de la guerra de la cúpula republicana contra los verdaderos representantes del pueblo, o sea, la línea trumpista.

Más asombroso aún han sido los argumentos de sus defensores, incluido el de un funcionario estatal que citó la Biblia para rescatarlo de la acusación más grave –abusar sexualmente de una niña de 14 años– explicando que la virgen María era adolescente cuando el carpintero adulto José se juntó con ella para volverse padres de Jesús.

Moore ya era una figura controvertida que en dos ocasiones fue suspendido como el juez jefe de la Suprema Corte estatal de Alabama por no acatar órdenes de jueces superiores al negarse a quitar un monumento a los Diez Mandamientos ubicado frente a un edificio judicial y por ordenar a otros jueces a ignorar el fallo de la Suprema Corte sobre matrimonios gay, negándoles ese derecho. Todo en nombre de los valores cristianos.

Lo último que desea el liderazgo republicano es llegar a las elecciones intermedias de 2018 tratando de mantener el control del Senado con alguien tachado de pederasta entre sus filas.

Hablando de la verdad, el Washington Post reportó este martes que, según cálculos de su proyecto de contabilizar y documentar cada afirmación falsa o engañosa de Trump, el promedio ahora alcanzó 5.5 declaraciones no verídicas por día. Esto se ha acelerado en los últimos 35 días, en los que el promedio se incrementó a nueve diarias. El total hasta la fecha, desde que llegó a la presidencia, es de mil 628 declaraciones falsas o engañosas en 298 días.

Por otro lado, el domingo el New York Times se vio obligado a publicar un editorial titulado Presidente Trump, por favor lea la Constitución, resaltando la ignorancia y hasta el desdén del mandatario por el documento que todo presidente jura defender. Recuerda que esto es alarmante cuando el mandatario no parece respetar el principio de la separación de poderes y las garantías de la Carta de Derechos, aunque a veces se vuelve chistoso, como cuando declaró ante unos senadores de su partido de que deseaba proteger el Artículo XII, el cual no existe. A lo largo de su candidatura y su presidencia, Trump ha tratado a la Constitución menos como una luz guía y más como un estorbo inconveniente, afirma.

No es fácil reportar sobre un manicomio, sobre todo cuando se insiste que no lo es.