l clima político de España alcanzó una nueva sima de degradación a raíz de la campaña electoral emprendida por el jefe de gobierno de ese país, Mariano Rajoy, no en favor de su propio partido, el Popular (PP), sino contra los institutos soberanistas de Cataluña, de cara a los comicios dictados por él mismo para esa comunidad con autonomía suspendida y previstos para el 21 de diciembre. Tras expresarlo el domingo en Barcelona, ayer Rajoy repitió en Madrid su propósito de trabajar para que no ganen las formaciones independentistas. Con estas declaraciones, el político derechista ratificó la pérdida de ecuanimidad y equidistancia en la que ha caído la mayor parte de la clase política españolista y que, lejos de resolver la crisis abierta por los afanes separatistas catalanes, la incrementan de manera evidente.

Desde un principio resultaba poco defendible la coartada de la defensa de la legalidad empleada por Rajoy para reprimir la organización y realización del referendo del primero de octubre, deponer al gobierno local, imputar y encarcelar a varios dirigentes y funcionarios separatistas –ocho de los 14 miembros del gobierno catalán depuesto enfrentan prisión preventiva, más dos dirigentes políticos y culturales presos– y suspender la legalidad catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la constitución española; pero ahora, cuando al acoso policial, judicial, económico, administrativo y mediático contra el independentismo se agrega la campaña electoral del PP que tiene como ejes el españolismo a ultranza y una reivindicación de unidad nacional de tufo franquista, tal coartada resulta llanamente impresentable.

La visceralidad gubernamental ha sido terreno fértil para el surgimiento de ataques tan inapropiados y deplorables como el que lanzó el sábado pasado la televisión pública del Estado español (TVE) al poner la melodía de la película El Exorcista de fondo musical a unas declaraciones del depuesto presidente catalán, Carles Puigdemont. El hecho, condenado incluso por el Consejo de Informativos de TVE, fue minimizado y tomado a broma por el vocero de la bancada del PP en el Congreso de los diputados. En suma, en su afán de aniquilar al independentismo catalán, la Moncloa parece haber adoptado la lógica en la que todo recurso es válido, así se trate de medidas contrarias a los principios democráticos y a una elemental decencia política. Da la impresión de que cuando Rajoy promete trabajar contra el separatismo se olvida de que su trabajo es gobernar España. Porque si Cataluña ha de seguir formando parte de ese país, como lo pretende, las expresiones soberanistas de esa nación, sean cuales sean sus fallos, merecen respeto, no ser objeto de un afán autoritario de supresión.

Ha de señalarse, sin embargo, que semejante extravío no es responsabilidad exclusiva de Rajoy y de su partido, sino que involucra a la mayor parte de la clase política madrileña y a las instituciones del Estado, que se han situado en esta coyuntura muy lejos del espíritu de la Constitución de 1978, la cual, pese a todas sus deficiencias, inconsistencias y pendientes, tenía una pretensión incluyente y democrática. El empecinamiento en defender la literalidad y la inmutabilidad de ese documento –al menos, en lo que se refiere a los regionalismos, porque en materia de política económica ha sido adulterado sin escrúpulos– evoca de manera inevitable al régimen anterior, surgido de un intento violentísimo de aniquilación del adversario, y marca la obsolescencia de la propia Carta Magna. Es particularmente lamentable que el afán de tratar al adversario político como a un enemigo tenga hoy día el acompañamiento del Partido Socialista Obrero Español, organización que debe su existencia contemporánea a un designio contrario: el de la pluralidad y la democracia por las que ese partido abogó en tiempos pretéritos.

A pesar de todo, existe la posibilidad de que el 21 de diciembre los partidos secesionistas vuelvan a triunfar en las urnas, con lo cual el propio Rajoy se habrá metido en un callejón sin salida, dado su empeño en suprimir toda posibilidad de una salida democrática al conflicto, hasta el punto de que hoy no existe certeza de que habrá respeto a la voluntad popular en caso de una nueva victoria separatista.