Los padres de los estudiantes del Tec de Monterrey Juan Álvarez y Édgar Azano, quienes murieron en el sismo del 19 de septiembre, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local la emisión de medidas cautelares para que el gobierno capitalino no proceda a la demolición de los edificios Aulas y 3, cuyos puentes colapsaron.

Asimismo, que no otorgue ninguna licencia de demolición a la institución, ni autorice el inicio de actividades escolares hasta que las autoridades del campus Ciudad de México determinen la seguridad estructural y funcional del mismo, y no retrase la investigación de los hechos denunciados.

En la queja presentada en la CDHDF por sus abogados, encabezados por Gabriel Regino, le solicitan realizar todos los actos de investigación relacionados con la violación de sus derechos humanos, como no haberse verificado la seguridad estructural del plantel por el Instituto de Verificación Administrativa o la Secretaría de Protección Civil, tras el sismo del 7 de septiembre.

A esa omisión se sumó privilegiar las maniobras de retiro de escombros sobre el rescate de víctimas y la dilación en la demanda presentada ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, pues a 14 días de distancia, no han sido llamados a ratificarla.