El recorte de 800 millones de pesos a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2018, decretado por la Cámara de Diputados, fue calificado de drástico, pues es el más elevado que se haya aplicado al organismo en año comicial. Por ello, el organismo prepara acciones inusuales para asumir esta determinación, entre las cuales de entrada ya ha descartado dos: la reducción de los salarios y el recorte de personal.

Así lo dio a conocer el consejero Ciro Murayama, que preside la Comisión de Presupuesto, quien informó que los integrantes de esta instancia se reunieron el viernes pasado de emergencia con las áreas ejecutivas del INE para revisar los alcances de la decisión de los diputados y la forma de enfrentarla sin poner en riesgo el proceso electoral.

En rueda de prensa, Murayama explicó que los 800 millones de pesos que les retiraron respecto del proyecto que el INE elaboró –que ascendía a 18 mil 226 millones de pesos, el más elevado de su historia–, equivale al costo que tienen previsto para la instalación de 23 mil casillas para las elecciones federales del próximo año, es decir, casi 15 por ciento de las casi 156 mil casillas que debe instalar.

Aseveró que si se recortaran la totalidad de proyectos que tiene el INE no asociados al proceso electoral, alcanzaría para absorber el recorte. Añadió: los 800 millones de pesos representan alrededor de 10 por ciento del gasto que tiene previsto el instituto para el proceso electoral.

Explicó que es inviable recortar personal porque el modelo de elección en México es intensivo y se requiere que los capacitadores y supervisores electorales deban visitar 11.5 millones de ciudadanos, por lo que si recortamos personal no hay elecciones. No vamos a poner en riesgo la elección, agregó, por lo que se estudian otras medidas para asumir el recorte.

Murayama mencionó que los diputados aprobaron un artículo transitorio que permitiría al INE acudir ante la Secretaría de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal; sin embargo, dijo que el instituto ha sido crítico de situaciones en que se ha colocado a los organismos públicos locales electorales cuando no se les asigna correctamente el presupuesto para los años electorales y deben estar cabildeando en pleno proceso por más dinero.