Cuando sólo faltan 18 días para que tome posesión el nuevo gobernador de Coahuila, los contendientes en el pasado proceso electoral estatal, el priísta Miguel Ángel Riquelme, quien encabezó la Alianza por un Coahuila Seguro, y Guillermo Anaya, de la Alianza Ciudadana por Coahuila, acudieron, por separado, a reunirse con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las argumentaciones giraron en torno a la anulación de los comicios por el rebase de topes de gastos de campaña, según el PAN, o el apego a la legalidad, que reivindicó el PRI.

Acompañado de los integrantes del Frente por un Coahuila Digno, que encabeza Anaya y la mayoría de los candidatos de otros partidos a la gubernatura, el panista señaló que se han acreditado 14 irregularidades graves en los comicios de junio. Además de que ha sido el propio Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia que ha acreditado que Riquelme superó en 9 por ciento el tope de gastos de campaña, colocándose en el supuesto de que si se rebasa 5 por ciento, se debe anular la elección.

Dijo confiar en la decisión de los magistrados –incluso en Mónica Soto, quien habría sido alumna del dirigente del PRI, Enrique Ochoa– para que, ante las irregularidades reportadas, anulen los comicios y restauren el proceso democrático en Coahuila. Anaya aseveró que esto es particularmente necesario ante los recientes informes de la Universidad de Texas en que se relacionaba a las administraciones estatales de los hermanos Moreira –Humberto y Rubén– con el crimen organizado.

Acompañando a Riquelme, el líder del PRI aseveró que acudieron para reivindicar la legalidad del triunfo del candidato tricolor, destacando que los 84 videos en Facebook presuntamente no reportados que identificó el INE ya habían sido informados para su fiscalización. No hay elementos para determinar que hubo rebase de gastos, como ha acreditado el instituto, porque esos videos ya habían sido fiscalizados, indicó.

Sobre sus nexos con la magistrada, Ochoa dijo que como responsable de la capacitación del TEPJF hace años, tuvo contacto con más de 50 mil personas que acudieron a la institución en busca de la profesionalización electoral. Por ello, aseguró, no hay elementos para suponer un nexo que impida a la magistrada participar en la resolución ni para inferir que no haya imparcialidad en sus juicios.