En el pueblo mucha gente trabaja en el empaquetado de la mariguana. Es un empleo que tenemos por la necesidad y la pobreza en que vivimos. Para mí era normal, como vender pan, y me servía para alimentar a mis hijos, dice Gaby, una de las más de 2 mil mujeres encarceladas por delitos contra la salud en el país.

La organización Equis, Justicia para las Mujeres presentó un informe sobre este tema, en el que advierte que entre 2014 y 2016 se duplicó el número de encarcelamientos de mujeres, principalmente por posesión y venta de mariguana en el fuero común, al pasar de 940 casos a mil 911. Además, en sus sentencias los jueces no tomaron en cuenta sus contextos y necesidades como madres de familia, generalmente solteras.

Como parte del trabajo, también se dio a conocer una serie de videos realizados en colaboración con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con testimonios de algunas de las mujeres que purgan condenas por esos ilícitos, como Gaby, quien se encuentra en un penal de Oaxaca y relata que desde pequeña tuvo que salir a la calle a pedir dinero prestado porque su mamá enfermó y no se podía levantar.

Ahí, en la calle de su pueblo, un vecino le ofreció trabajo, el cual consistía en viajar a Ciudad de México y llevar paquetitos. Luego pasó al empaquetado y encintado de la yerba. Gaby tiene tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral. Tenía que hacerle una tomografía que costaba 4 mil 500 pesos, y los tratamientos, dice en el video, y también recuerda el día en que el DIF le ofreció llevarse al niño a un centro de atención especializada. Se separó de él para darle la oportunidad de una mejor vida.

En el informe, la organización destaca que en 2015 ingresaron a las cárceles del país 176 mil 339 personas por delitos del fuero común, de las cuales 14 mil 231 (8.1 por ciento) son mujeres, y de éstas, mil 617 estuvieron relacionadas con delitos contra la salud.

Resalta que en 2014 las reclusas por narcomenudeo sumaron 940, y para 2016 la cifra llegó a mil 911.

A escala federal, refiere que de 32 mil 121 ingresos a los penales, 8.5 por ciento son mujeres, es decir, 2 mil 704. De ellas, mil 169 fueron acusadas por ilícitos relacionados con el tráfico de drogas. En específico, 43 por ciento por posesión y comercio de estupefacientes, aunque también existe la categoría de otros delitos contra la salud y los no especificados, por los que 479 fueron recluidas.

En el documento Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes, la ONG señaló también la situación de la población femenina perteneciente a comunidades indígenas, con discapacidad y aquellas que por su orientación sexual son víctimas de discriminación y malos tratos.

Además, indicó que existe un subregistro de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad y que están en reclusión.

Encontró, por ejemplo, que las autoridades tienen registro de sólo 18 mujeres indígenas en prisiones federales y 61 en las estatales.