l tema de la desaladora que se pretende construir en Playas de Rosarito y la posibilidad de que, en una segunda etapa, venda agua al distrito de Otay (California) ha puesto sobre la mesa un nuevo aspecto de la política local: la falta de credibilidad de las autoridades ante los ciudadanos.

El gobernador dijo que ya se le acabó la saliva repitiendo una y otra vez que no habrá tal venta. Y la pregunta es por qué lo ha tenido que repetir tantas veces, si con una tendría que ser suficiente. Resulta que hay muchos documentos, trámites en curso, conversaciones y expresiones públicas que hacen dudar a los ciudadanos.

Al principio, interrogado sobre los documentos del Banco de Desarrollo de América del Norte –que otorgará un crédito para la construcción de la obra–, que hablan de un proyecto binacional, el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid dijo que era la primera noticia que tenía al respecto. Después, conforme fueron apareciendo otros documentos y medios de comunicación y políticos aportaron más información, el mandatario empezó a decir que esa referencia era vieja, que la idea original se modificó. O sea, sí sabía del proyecto, pero éste había cambiado.

El viernes pasado el gobernador recurrió incluso a la Constitución y dijo que no se puede vender agua a Estados Unidos porque el artículo 27 no lo permite. Esta referencia llama la atención porque el pasado 8 de junio la cónsul de México en San Diego, Marcela Celorio, celebró en un tuit el permiso otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para que un ducto pueda atravesar la frontera desde suelo mexicano y llevar agua al distrito de Otay. Ella dijo que Estados Unidos importará agua de la planta desaladora que se construirá en Rosarito. ¿Será que la cónsul no conoce la Constitución? ¿Para qué alguien otorgaría ese permiso presidencial si no puede comprar agua a México? No queda más que dar tiempo al tiempo.