casi dos meses del sismo que el martes 19 de septiembre provocó graves pérdidas humanas y materiales en la capital del país, al menos 50 establecimientos permanecen cerrados y 10 ya quebraron en la Zona Rosa, debido a que se acordonó la calle Génova.

De acuerdo con empresarios que se manifiestan desesperados por perjuicios que ascienden a 53 millones de pesos, así como por el riesgo de que mil familias pierdan su fuente de ingresos, la crisis es causada porque a la fecha las autoridades no han concluido la demolición del edificio ubicado en el número 33 de la vialidad referida, pese a que desde el 4 de octubre se cuenta con el dictamen delegacional e el sentido de que el inmueble debe ser derribado.

La situación denunciada por los vecinos de la Zona Rosa se extiende a otros puntos de la ciudad y constituye uno de los grandes pendientes tras el siniestro. Prueba de ello es que según la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), de las 39 querellas interpuestas a raíz del sismo, 30 están relacionadas con edificios por derruir, en los cuales la falta de información y certeza ha provocado conflictos vecinales en torno de si debería exigirse o no la demolición definitiva.

Si a lo anterior se agregan los bloqueos y cierres viales simultáneos efectuados la semana pasada por damnificados de las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez, además de las protestas de maestros y padres de alumnos en Iztapalapa por la falta de garantías de seguridad en los planteles educativos, no puede ser motivo de sorpresa que la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, haya calificado de bomba de tiempo la reconstrucción en Ciudad de México.

Al respecto, debe recordarse que durante las protestas del jueves anterior se suscitó un incidente que pudo derivar en tragedia cuando un automovilista intentó evadir un bloqueo realizado en avenida Cuauhtémoc, en rechazo al plan oficial de trasladar el costo de la reconstrucción a los damnificados por la vía de créditos bancarios que los afectados han calificado de impagables. Aunque por fortuna ni los manifestantes ni el conductor sufrieron daños, el hecho debe ser atendido como advertencia de los desencuentros por venir mientras no se dé solución a las necesidades de quienes lo perdieron todo.

En suma, episodios como los referidos evidencian que la ineficiencia e indolencia de las autoridades ante el terremoto y sus secuelas no han hecho sino multiplicar las dificultades tanto materiales como emocionales que deben afrontar diariamente miles de ciudadanos a causa de la catástrofe natural. Es urgente poner fin a ese proceder errático si se desea evitar que se salga de control el creciente malestar social del que dan cuenta los últimos acontecimientos.