El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trabaja en coordinación la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para detectar casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios del Poder Judicial de la Federación hasta en quinto grado de parentesco, y realizará inspecciones extraordinarias para descubrir casos en los que se incumplan obras o se inflen costos relacionados con los nuevos centros de justicia penal.

Desde febrero pasado, luego de que se descubriera que en la cajuela de un vehículo utilitario del CJF se localizaron 4 millones de pesos gracias a una denuncia anónima, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, ordenó que se modificaran las políticas de supervisión de obras y la práctica de auditorías sorpresivas para revisar los avances, cumplimientos de contrato y también de revisión de los procesos de adjudicación.

En este caso, el CJF tuvo conocimiento de una denuncia anónima sobre la presencia, en uno de sus edificios administrativos, de un vehículo utilitario adjudicado a la dirección general de inmuebles y mantenimiento, en cuya cajuela se encontraba una cantidad indeterminada de dinero, que de acuerdo con información del Poder Judicial sumaba 4 millones de pesos que presuntamente fueron entregados como soborno a cinco empleados del área mencionada.

Inahibilitan a empresa

El CJF presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, la cual tiene a su cargo desde ese momento todas las investigaciones sin que a la fecha haya dado a conocer algún resultado de sus indagatorias.

Asimismo, el mes pasado el CJF sancionó con 109 millones 566 mil pesos e inhabilitó por 10 años a una empresa constructora que presentó documentos falsos, para participar en el proceso de licitación y obtener la adjudicación de un contrato en Nayarit.

El proyecto incluye la construcción de un centro de justicia federal por un monto de 568 millones 913 mil 470 pesos.

Ante los recientes actos de corrupción que se han detectado en los juzgados federales –donde una red de servidores públicos adscritos a los juzgados de Toluca, estado de México, servían de correos a delincuentes presos en el penal de máxima seguridad de el Altiplano–, además de las medidas de carácter administrativo, el presidente del CJF, Luis María Aguilar, ordenó que se ampliarán las visitas extraordinarias a todos los juzgados del país para investigar a todo tipo de funcionarios, entre ellos los secretarios de acuerdos, quienes son los primeros en conocer los avances en los procesos penales y las probables sentencias que se dicten.

De igual manera, todo funcionario público que labore en el Poder Judicial de la Federación ahora está obligado a firmar una carta en la que acepta que la Contraloría interna en coordinación la Unidad de Inteligencia Financiera, puedan revisar de manera constante su evolución patrimonial e investigar las cuentas de sus familiares hasta en quinto grado, por lo que en estas medidas se considera a las esposas, padres, hijos, tíos y primos.