efensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan cotidianamente a policías, ministerios públicos y jueces que interpretan y aplican la ley de manera sesgada, atendiendo a los intereses de una oligarquía que corrompe la vida política e institucional. Pocas veces las decisiones judiciales se apegan a altos estándares de derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia y controles de constitucionalidad y convencionalidad. Por eso celebramos la decisión de un juez que tuvo a bien proteger al inocente frente al hostigamiento que ejercían en su contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En nuestra colaboración del 20 de mayo reseñamos en estas páginas la lucha de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) por el derecho humano a ese servicio. Desde entonces ha enfrentado la creciente criminalización de su lucha. Las policías municipales del estado de México y la PGR, en contubernio con la CFE, han detenido e investigado, en los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Chalco, a por lo menos 18 personas, entre las que se cuentan mujeres y personas adultas mayores. A todas se les imputó el delito de Oposición a obra o trabajo públicos, previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal. Este tipo penal es inconstitucional, pues contraviene el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación.

Sin embargo la PGR y la CFE insisten en criminalizar a las personas por manifestar su desacuerdo con el proyecto de modernización de infraestructura eléctrica que la CFE implementa sin consultar a los usuarios del servicio. Como parte de ese proyecto, se está cambiando la infraestructura eléctrica en lugares donde se encuentra en buenas condiciones, sustituyendo el cableado de cobre por el de aluminio, cuando todo mundo sabe que el cobre es el mejor conductor de electricidad. Estos argumentos fueron los que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria expuso ante el juez Cota Murillo en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, quien conoció el caso de los señores Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno Herrera, miembros de la ANUEE, detenidos arbitrariamente el 9 de agosto de 2017. Ese día vecinos de la colonia Minas Palacio, entre ellos Manuel y Pedro, cuestionaron a personal de la CFE sobre las obras que realizaban. Les solicitaron información y manifestaron sus preocupaciones sobre las características de la obra, al no cumplir con los requisitos legales ni con la calidad adecuada. El personal de la CFE se negó a dar la información, y en lugar de ello se burló de la gente profiriendo insultos. Indios ignorantes les llamaron. Pedro y Manuel fueron engañados por la policía y por el supervisor de CFE, Luis Daniel Martínez Ornelas, quien les manifestó que les mostraría los documentos que solicitaban una vez que se subieran a la patrulla, para ir todos juntos frente al juez calificador. Kilómetro y medio adelante los policías les informaron que se encontraban detenidos y serían trasladados a la PGR de Naucalpan. La PGR solicitó a la autoridad judicial federal vincularlos a proceso, por lo que hubo que acudir a defenderlos a Almoloya, como si fueran los más peligrosos criminales. La audiencia se celebró el 16 de octubre y, pese a las artimañas de la PGR, la defensa pudo aportar pruebas en favor de los compañeros. El juez escuchó con atención y finalmente resolvió que Pedro y Manuel son inocentes y se encontraban en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. “Es demasiado –dijo a los representantes de la PGR y la CFE– traer un caso así aquí al Altiplano para analizar si los actos de protesta se pueden criminalizar o no; el ámbito de protección de la ley penal no puede llegar a ese extremo”. “El núcleo esencial de los derechos de la democracia es el derecho a protestar –añadió–; si no dejamos a las personas que protesten contra el ejercicio de un trabajo público de energía eléctrica, difícilmente esas personas van a encontrar voz en otro lugar para que ese trabajo se haga de manera adecuada”. “La vía penal, el Altiplano –dijo también-, no está para criminalizar actos de protesta social en trabajos de energía eléctrica. No hay democracia sin protesta, sin derecho a disentir. No veo por qué traer a las personas que se están manifestando aquí al Altiplano a criminalizar una protesta social de esa manera”. Y prosiguió, el trabajo público debe realizarse cumpliendo los requisitos legales, y aquí se explicó claramente que si se va a realizar una obra pública, una idea muy básica es que se informe a los propios usuarios de la energía eléctrica. Protestar por un trabajo público, en el que se está cambiando la infraestructura de cobre a aluminio sin aviso previo, no es delito. El servicio tiene que ser eficiente, efectivo y justo en lo que implica su remuneración. Hay vías administrativas y sociales previas que deben agotarse antes de acudir al Altiplano. Los conflictos sociales deben resolverse por otras vías. La tarea que ahora tenemos quienes luchamos por un Estado verdaderamente democrático, en el que no sea criminalizada la protesta, es defender esta resolución.

Por su parte, la PGR y la CFE ya apelaron de esta decisión justa y protectora del pueblo, y el recurso pronto será resuelto por el tribunal unitario especializado en materia penal del segundo circuito en Almoloya de Juárez. Confiamos en que la magistrada a cargo de ese tribunal confirme el auto de no vinculación a proceso de Pedro y Manuel, y los libre así del escarmiento que pretenden darles la PGR y la CFE, que a su vez busca desmovilizar y desestructurar una organización social de 70 mil familias que defienden la energía eléctrica como un derecho frente a la reforma que la privatizó.