El gobierno de México manifestó ayer su rechazo a toda violación a los derechos humanos y reiteró su compromiso de investigar por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas en contra de civiles.

Luego de que la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dio a conocer su informe Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, señaló que continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a las garantías fundamentales de las personas realizadas por militares.

Las autoridades mexicanas resaltaron que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas que afecta de manera particular al país.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como la PGR, pidieron que en los análisis que se hacen sobre este tema se considere el contexto citado, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a la nación del norte.

Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de instaurar mayores controles a la venta de armas y drogas en el país vecino, subrayaron.

El gobierno de México dijo valorar muy especialmente las labores de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y señaló que cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de la sociedad, según revelan diversas encuestas.

También recordó que se ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar contra la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.

Persiste impunidad, destaca

En su informe, la WOLA destaca que los soldados que cometen delitos y violaciones a las garantías fundamentales de las personas generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia militar en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar las policías.