Las indagatorias de la justicia civil contra militares que violentaron derechos humanos de ciudadanos son poco efectivas. La Procuraduría General de la República (PGR) no ha mostrado voluntad para investigar de manera seria y exhaustiva a los soldados que han cometido ese tipo de delitos.

Así lo planteó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en un informe, en el cual documentó que, de acuerdo con datos oficiales, entre 2012 y 2015 la PGR comenzó 505 indagatorias contra elementos castrenses por dicha clase de ilícitos; sin embargo, sólo se han obtenido 16 sentencias condenatorias. Se ha tenido efectividad, apuntó, en 3.2 por ciento de los casos.

En el reporte, titulado Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, la organización estadunidense sentenció que las reformas de 2014 al Código de Justicia Militar, que facultan a las autoridades civiles a investigar a miembros del Ejército implicados en violaciones a derechos humanos, no se han implementado totalmente.

De las 505 carpetas de investigación abiertas por la PGR contra militares, 268 son por tortura, 121 por abuso de autoridad, 37 por desaparición forzada, 31 por violencia sexual, 17 por homicidio, 13 por lesiones, nueve por delitos contra la administración de justicia, tres por extorsión, tres por privación ilegal de la libertad, dos por robo y una por allanamiento.

Entre las pocas sentencias condenatorias el delito más sancionado ha sido el de encubrimiento de violaciones a los derechos humanos y destrucción de cadáver, con siete casos; tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por lesiones y allanamiento, y una por violación.

Las investigaciones de la PGR son lentas, y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante los jueces casos sólidos. Hay casos en los que han pasado hasta tres años sin que la dependencia pueda llevar a los solados a juicio. En otros han transcurrido seis años para lograr una sentencia condenatoria de primera instancia, aseguró WOLA.

El informe advierte que no hay coincidencia en los datos oficiales. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que en el periodo analizado envió a la PGR mil 835 casos, en los que no tenía competencia para investigar, mientras la procuraduría sólo tiene registro de 84. Además, el Poder Judicial de la Federación reportó que entre 2012 y 2016 recibió de la Sedena 829 casos, en los que las autoridades militares se declararon incompetentes; sin embargo, los jueces civiles sólo aceptaron 314.

WOLA criticó que los militares obstaculicen las investigaciones de autoridades civiles. Se documentan al menos tres: el inicio de pesquisas paralelas en el ámbito castrense, la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil, y que los efectivos alteran escenas del crimen o declaran falsamente.