Los llamados proyectos de desarrollo representan una gran amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas. Por ello los estados deben garantizar que se cumplan los estándares internacionales, con el propósito de que antes de que cualquier empresa intervenga en sus territorios se realicen las consultas necesarias, informadas y libres de coacción, y se respete la decisión de esas comunidades.

Coincidieron en lo anterior la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quienes encabezaron el lanzamiento de la cátedra sobre derechos humanos Rodolfo Stavenhagen, en El Colegio de México. Enfatizaron que los estados deben armonizar sus leyes internas con los lineamientos internacionales para garantizar los derechos de esos pueblos.

Tauli-Corpuz, quien hoy comienza de manera oficial una visita de trabajo a México para revisar la situación de esos pueblos, señaló que 10 años después de la adopción en la ONU de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aún hay muchas metas para alcanzar.

En los hechos, que se cumplan las garantías de los habitantes de esas comunidades.

Aseveró que una de las principales fallas de los estados es reconocer a los pueblos indígenas como tales, lo cual representa una importante barrera para aplicar dicha declaración y niega los derechos a ese sector. Es imperativo que los estados busquen la armonización de sus normas internas con las internacionales.

Un déficit más para dotar de derechos a los indígenas, enfatizó la relatora, es que los estados incumplen su deber de aplicar consultas previas, libres e informadas entre esas comunidades y contar con su consentimiento para emprender algún proyecto de desarrollo en sus territorios, que podrían afectarlos.

Son una amenaza para ellos, particularmente los proyectos de la industria extractiva, que es una de las más serias contra los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, el ombudsman nacional aseveró que en México hay más de 15 millones de indígenas y el reto es voltear la mirada hacia ese sector, que de manera cotidiana continúa siendo víctima de exclusión, pobreza, desigualdad, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a sus derechos.

Lamentó que en el país el derecho para que se les consulte de manera previa, libre e informada no se cumpla, pues en la mayoría de las ocasiones ésta no se da, o cuando es así se produce después de que se han iniciado los procesos de construcción.