Durante los pasados 13 meses, mediante revisiones a la evolución patrimonial de funcionarios del gobierno que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), se han detectado incrementos no aclarados por 59 investigados, que suman más de 333 millones de pesos. Seleccionados al azar por la dependencia, al ser interrogados sobre el desarrollo de sus recursos, no han podido justificar su origen lícito.

La dependencia informó que los 59 servidores públicos señalados presentaron irregularidades en su patrimonio por montos que oscilan entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos y 25 centavos. Ostentaban cargos que van de analista a homólogo de subsecretario de Estado.

Dichas revisiones, explica la SFP, se hacen al azar, tras una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht a los 23 servidores públicos involucrados de inmediato se les inició un escrutinio de ese tipo.

Al dar a conocer el reporte de esas verificaciones, de septiembre de 2016 a octubre de este año –que coincide prácticamente con el periodo de gestión de la secretaria Arely Gómez–, se detectaron 59 casos irregulares. El número de declaratorias señalado contrasta con el periodo de diciembre de 2012 a agosto de 2016, cuando la dependencia federal presentó 47.

Cabe señalar que al comenzar esta administración se había decidido que la SFP desaparecería, con el objetivo de crear una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Fue a partir de que se conoció el asunto de la denominada casa blanca, del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se reactivó la dependencia para investigar el tema y crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con los datos de la SFP, el monto total de los incrementos detectados que no fueron aclarados ascendió a 333 millones 225 mil 836 pesos y 99 centavos. En los 59 casos, la SFP ha promovido denuncias penales ante el Ministerio Público, con el popósito de deslindar las responsabilidades legales correspondientes.