El Ministerio Público Federal detectó que desde 2016 el gobierno de Nuevo León pidió 100 millones de pesos para los 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la asociación Frente Popular Tierra y Libertad, destinados para mantenimiento y operación, recursos que su directora general, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, pidió el primero de febrero de este año.

El dinero fue depositado en una cuenta personal al día siguiente. Ella, a su vez, los distribuyó a tres cuentas bancarias, entre ellas la del líder petista en Aguascalientes, a quien, de acuerdo con lo establecido en el nuevo sistema de justicia penal, sólo se le podrá identificar como HQG.

Durante la audiencia de vinculación a proceso a HQG, por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte, se indicó que recibió en su cuenta 12 millones de pesos de la directora general de los Cendis, Rodríguez Martínez, de los cuales realizó 57 operaciones. Algunas, incluso, desde el Senado.

Supuesto prestanombres de Guadalupe Rodríguez

Los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) expusieron que HQG es presuntamente testaferro de Guadalupe Rodríguez y que para esas acciones contaba con seis domicilios: uno en Aguascalientes, otro en Monterrey y cuatro en Ciudad de México.

De acuerdo con las investigación de la fiscalía, la secretaria general de los Cendis utilizó sus cuentas personales para presuntamente desviar los 100 millones de pesos otorgados por el gobierno estatal. El juez de control, Gerardo Moreno García, expresó que los recursos no tenían que ser depositados en cuentas personales ni en fondos de inversión por tratarse de dinero de la Federación.

La defensa legal de HQG presentó como testigo a un perito contable, quien no precisó la cuenta de origen de los 100 millones de pesos que fueron destinados por el gobierno de Nuevo León, dato que sí está contenido en documentos que dio a conocer la fiscalía.

Por su parte, el juez federal dio a la fiscalía seis meses para recabar información necesaria, entre ella documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Servicio de Administración Tributaria. La siguiente audiencia se llevará a cabo en abril de 2018.