La crisis en las universidades públicas estatales del país surge, principalmente, del déficit de 331 mil millones de pesos en sus sistemas de pensiones, que se ha atendido de manera coyuntural, considera la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En un estudio que presentó a la Cámara de Diputados sobre la política pública de pensiones en las universidades, explicó que aun cuando el gobierno federal ha destinado 13 mil 220.5 millones de pesos, la solución estructural está pendiente.

A partir de 2002 y ante el problema financiero de esas instituciones de educación superior, se inició un programa de rescate, basado en la entrega de fondos, para auxiliarlas a corto plazo. Sin embargo, el subsidio otorgado representa sólo 4 por ciento del pasivo de las pensiones, resaltó la ASF.

El problema se agudizó en 2017, porque mientras el promedio anual de aportaciones del presupuesto era de 944.3 millones de pesos, la Cámara de Diputados aprobó sólo 600 millones, el monto más bajo de todo el periodo.

La información con que cuenta la auditoría superior indica que el costo fiscal asumido por el gobierno federal, a 2015, era de 12 mil 421 millones de pesos, más los recursos aportados en los siguientes dos años, y en el proyecto de presupuesto del próximo año no se consideran fondos a ese fin.

El reporte incluye los datos respecto de las obligaciones de pago en las pensiones federales, que incluye a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banrural, Ferrocarriles Nacionales de México (ya desaparecida) y Luz y Fuerza del Centro, liquidada en el gobierno de Felipe Calderón e incluso Banpesca, también extinto.

Dice la ASF: En conjunto, el costo fiscal de la crisis de las pensiones federales fue, a 2015, de 2 billones 846 mil 369.5 millones de pesos.

Respecto de las de las universidades, detalló que si bien se financiaron con base en el principio de beneficio definido (reparto), por negociaciones laborales concedieron mayores beneficios, sin sustento ni método para crear las reservas necesarias.

Al igual que las pensiones federales, con las de las universidades también se generó una crisis que todavía no se ha resuelto; nadie ha asumido su costo.

Recordó que en 2002, el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines analizó el pasivo pensionario, que ese año se calculó en 250 mil millones de pesos, y para atender el conflicto se aprobó el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales, pero aún así la crisis de las pensiones en las universidades permanece latente.

Araceli Damián (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sostuvo: Debe haber un rescate para las universidades. Si hubo un Fobaproa, por qué no salvar a esas casas de estudios, a menos que la intención sea privatizarlas.

Explicó que el origen del problema es la corrupción. Había complicidad entre el gobierno federal, los estados y las universidades para dejar de entregar el impuesto sobre la renta y las cuotas de pensiones. Al mismo tiempo, se les redujo el presupuesto y echaron mano de éste para contratar personal, en lugar de destinarlo al retiro, dijo.

Resaltó que algunas universidades están al borde de la quiebra, además de que su planta laboral es de 60 años en promedio. No tienen ni para pagar la quincena y literalmente ruegan a la Secretaría de Hacienda por fondos adicionales y pagar los salarios, indicó.