Le imponen sanción económica equivalente a 1.8% del desfalco
Miércoles 25 de octubre de 2017, p. 28
Colima, Col.
La comisión de hacienda del Congreso local declaró al ex gobernador priísta Mario Anguiano Moreno responsable de un desfalco al erario por 2 mil 119 millones de pesos, luego de realizar una auditoría excepcional a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.
Por votación unánime, los diputados aprobaron aplicar al ex mandatario una sanción económica de 38 millones 570 mil pesos –equivalente a 1.8 por ciento del quebranto al estado–, además de dos inhabilitaciones para ocupar puestos públicos, una por 14 años y otra por nueve. Otros 32 ex funcionarios también se hicieron acreedores a multas, amonestaciones públicas e inhabilitaciones.
Entre las anomalías encontradas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental destaca la falta de registro contable de una donación que Petróleos Mexicanos hizo al estado durante el huracán Patricia, en octubre de 2015. La ayuda consistió en 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina Magna y 118 mil de diésel.
El combustible fue enviado a gasolinerías propiedad del entonces secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, para quien se propuso una inhabilitación de tres años y una sanción de 7 millones 406 mil 798 pesos.
La administración de Anguiano Moreno (2009-2015) también omitió la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a su secretario privado, Carlos Alberto Ceballos Radillo, y a su administradora en la Coordinación General Administrativa, Carmen Yolanda Núñez Sosa.
El Congreso local propuso aplicar una multa de 4 millones 66 mil 401 pesos a Ceballos Radillo, y una de 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa, además de inhabilitarlos por cuatro y tres años, respectivamente.
También se propuso excluir de cualquier cargo público por tres años a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración, por erogar en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos más que lo autorizados en el presupuesto de los años auditados.
Asimismo, se impusieron sanciones y se propuso inhabilitar a Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración, y a su sucesora, Blanca Isabel Ávalos Fernández; a Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; a Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social, y al ex coordinador general de Comunicación Social, René González Chávez, entre otros ex servidores públicos.
