Desde la vigencia del nuevo sistema de justicia penal, alrededor de 25 mil reos han obtenido su libertad; asimismo, alrededor de 10 mil personas que han delinquido no han sido encarceladas, algunas detenidas con armas de uso privativo de los uniformados, señalaron funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional.

En julio de 2016 –un mes después de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio– en el país había 233 mil presos y en febrero de este año 215 mil, es decir, en ese periodo 18 mil reclusos acusados de delitos no considerados graves han podido salir y pagan su deuda con la sociedad con multas e indemnizaciones por daño.

En términos generales, indicaron las fuentes consultadas, no existe ninguna estadística precisa del número de reos que han obtenido los beneficios del nuevo sistema porque las entidades federativas solamente entregan reportes del número de presos que existen en sus cárceles o las incidencias que han cometido (homicidios, riñas, intentos de fuga o de suicidio, entre otras).

El nuevo sistema de justicia comenzó a operar el 18 de junio de 2016; para su implementación se invirtieron 21 mil millones de pesos a lo largo de 8 años y para su construcción jurídica fue necesario crear y reformar 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 leyes locales.

En poco más de un año de operación, el sistema ha recibido diversas críticas, entre ellas la de la Arquidiócesis de México, que aseguró que es una puerta giratoria, que sólo ha contribuido a elevar los índices delictivos que algunos se empecinan en minimizar y miles de reos han quedado en libertad.

El resultado, indicó, fue la liberación de procesados y reos pese a haber cometido ilícitos como secuestro, crimen organizado, homicidio doloso, violación y trata de personas.

En junio pasado, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), señaló que el nuevo sistema de justicia debe modificarse debido a que el número homicidios cometidos con armas de fuego se incrementó cuando su portación dejó de ameritar prisión preventiva, aun cuando se tratara de armas de grueso calibre.

De acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en junio de 2016 los centros penitenciarios tenían una población de 236 mil internos, 80.1 por ciento estaban presos por delitos del fuero común y el resto enfrentaban procesos o estaban sentenciados por crímenes del fuero federal.

Un mes después la población penitencia se redujo a 213 mil, 80 por ciento (188 mil) enfrentaban acusaciones del fuero común y 44 mil por delitos federales.

Para febrero de este año el número de personas privadas de su libertad disminuyó a 215 mil. Del total, la población del fuero común era de 174 mil (es decir 17 mil internos menos que en junio de 2016), y los presos federales eran 40 mil (cinco mil menos que en junio de 2016).

A estas estadísticas, se suma un número desconocido de personas arrestadas por diversos delitos que no llegaron a ser puestos a disposición de jueces, debido a que para los ilícitos que cometieron no se considera prisión oficiosa y desde las fiscalías o procuradurías se puede acordar su libertad a cambio de multas.

Actualmente, el catálogo de ilícitos que ameritan prisión oficiosa incluye: homicidio doloso, genocidio, violación, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, turismo sexual, tráfico de menores y delitos contra la salud.