Tlapa de Comonfort, Gro.

Fundador del Centro Tlachinollan, Abel Barrera ha sido testigo del proceso de las policías comunitarias en la Montaña de Guerrero desde sus orígenes. Además de promotor y defensor de derechos y acompañante de movimientos y protestas en la región, es testigo clave de la historia social en la vasta región indígena de la entidad. En conversación con La Jornada, y al calor del 22 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Barrera emite un balance crítico de esta experiencia de justicia, seguridad y autonomía, así sea relativa, de los pueblos originarios.

Empieza por reconocer el efecto positivo del sistema comunitario de justicia, originado particularmente en comunidades me’phaa (tlapaneca) de Malinatepec, hacia 1995. “Ahora hay una justicia pública en la que confían las comunidades. Los caminos y la región están bastante libres de delincuencia, y a la vez no se percibe presencia significativa del Ejército federal ni de la policía estatal.

No siempre ha sido así, señala. Recuerda los distintos periodos en que los militares han intentado frenar las actividades de la CRAC-PC, y cuando las autoridades civiles persiguieron a los comunitarios, desconociendo el derecho de los pueblos indígenas a darse protección e impartición de justicia según sus tradiciones y necesidades.

Eso sí, apunta Barrera, la asamblea es su autoridad máxima. Puede decirse que en las buenas y en las malas hay una base de legitimidad que explica la persistencia del proceso comunitario, su capacidad de reponerse de las crisis, divisiones y desviaciones. En las comunidades, la PC posee un prestigio claro. Las mujeres y los niños ven con respeto a sus policías. El sistema ha logrado triunfos indiscutibles para los pueblos.

En la actualidad, celebra Barrera, la CRAC-PC desempeña un papel muy importante en la defensa del territorio y la resistencia a las mineras que lo ambicionan. Otro acierto de los tiempos recientes es la incorporación, aún insuficiente, de las mujeres en actividades de seguridad, además de las tareas comunitarias.

La CRAC-PC es inseparable de la compleja y rica historia del movimiento social guerrerense. Como sus orígenes y visiones son diversos, ha tenido una evolución cambiante, según cuál coordinación sea elegida para cada periodo. Hay unas muy vinculadas con el movimiento social y otras replegadas a lo interno.

Barrera considera que ciertas debilidades del sistema comunitario obedecen a su dependencia económica de los gobiernos municipales y el estatal. Esto se acentuó a principios de esta década, cuando grupos de la CRAC-PC se acercaron al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y generaron una división real en 2013 con el surgimiento, desde sus propias filas, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), que se orientó más a gestionar obras y demandas sociales, como tarifas de luz y ciertos programas gubernamentales. Pronto creó vínculos con las policías municipales, a pesar de ser éstas uno de los problemas que originaron el sistema de justicia alternativo de la CRAC-PC.

Recuerda Barrera la influencia de procesos anteriores, como el Consejo Guerrerense 500 Años, los triunfos electorales de la izquierda y la influencia de ciertos religiosos, como Mario Campos, sacerdote de Santa Cruz del Rincón, cuna de la CRAC-PC. También valora el impacto del alzamiento zapatista en 1994. Los primeros años fueron difíciles, pues el Ejército federal se opuso a que los comunitarios armados realizaran patrullajes. Hay roces con las tropas, detención de comandantes comunitarios, persecución del gobierno, que considera ilegal la justicia de los pueblos, pero éstos la respaldan.

Barrera destaca un momento clave para frenar las presiones castrenses en la Montaña: la sentencia favorable a Valentina Rosendo e Inés Fernández en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Estas mujeres indígenas fueron violadas por tropas federales en 2002, y junto con el Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan sostuvieron una batalla legal que obligó al Ejército federal a disculparse y cuatro soldados están en prisión.

Un riesgo paradójico de la CRAC-PC es su prestigio, señala. Hace atractivos a los comunitarios para los partidos políticos, las maniobras del gobierno y el crimen organizado. Sin embargo, más que corromper a los comunitarios, se crearon autodefensas espurias, de corto alcance.

El éxito de la CRAC-PC reside en su sistema de justicia y sus sistemas normativos, (que) en un estado violento y criminal es importante. A juicio de Barrera, la organización comunitaria debería abrirse a procesos y luchas de otra índole. Su participación en la insurgencia magisterial fue insuficiente. Y ahora no se han integrado al “tema de Marichuy”, la candidatura presidencial que promueve el Congreso Nacional Indígena. No obstante, considera que la CRAC-PC se recupera de la crisis que la puso en riesgo los pasados tres o cuatro años, y que su compromiso en la defensa del territorio es un acierto sostenido.